El debate por el derecho al aborto se agudizó este lunes en Arkansas cuando la Corte Suprema sentenció a favor del estado en una disputa para imponer restricciones en las medidas abortistas.

Según reportó The Guardian, la ley mantendrá intactas “las restricciones con respecto a la administración de píldoras abortivas”, a pesar de las disputas legales interpuestas por las sucursales de Planned Parenthood en Arkansas, quienes “pidieron a la Corte revisar la sentencia de una corte de apelaciones y reinstaurar la orden de una corte menor que bloqueaba la ley”.

Dicha regla, que data del 2015, determina que “cualquier médico que dispense, venda, administre o provea de cualquier otra manera el medicamento inductor del aborto deberá tener un contrato con otro médico que tenga privilegios de hospitalización en un hospital cercano”, según explicó CNN.

De acuerdo al argumento de Planned Parenthood, Arkansas se transformará ahora en “el único estado donde las mujeres no tendrán acceso a un par de medicamentos que ponen fin a embarazos en etapas tempranas” como son el Mifepristone y el Misoprostol.

“Esta peligrosa ley también pondrá fin inmediato al acceso a un aborto legal y seguro en todos los centros de salud del estado excepto en uno”, dijo la vicepresidente ejecutiva de la organización, Dawn Laguens. “Si eso no es una carga excesiva, ¿qué es? Esta ley no puede ni debe mantenerse. No dejaremos de luchar por el derecho de cada persona a acceder a un aborto seguro y legal”.

Asimismo, Planned Parenthood citó el caso similar sucedido con una ley en Texas que la Corte Suprema tumbó hace dos años.

En aquella ocasión, la mayoría de magistrados consideraron que la ley texana “proporciona pocos, si alguno, beneficios a la salud de las mujeres; representa un substancial obstáculo para las mujeres que quieren practicar un aborto y constituye una carga excesiva a su derecho constitucional de hacerlo”, explicó EFE.

Sin embargo, la Fiscal General de Arkansas, Leslie Rutledge, urgió a la Corte Suprema que rechazara la apelación argumentando que “no hay derecho a escoger un aborto a través de la medicación”.

Si bien la Corte Suprema legalizó el aborto en 1973, declarando como inconstitucional “cualquier interferencia del Gobierno en la decisión de la mujer sobre el embarazo”, una oleada conservadora durante los últimos años ha logrado imponer restricciones bajo argumentos religiosos y de salud, desestimando la labor de organizaciones como Planned Parenthood por condicionamientos políticos.