“La única manera de solucionar el problema de drogas, es a través de la fuerza”, decía el presidente estadounidense en un mitin político el pasado lunes en Manchester (New Hampshire), una de las comunidades más afectadas por la grave crisis de abuso de opiáceos que ha golpeado con fuerza al país.

El presidente planteó “conseguir un analgésico que no sea tan adictivo”, reducir las prescripciones nacionales a un tercio en los próximos tres años, y “gastar mucho dinero en geniales comerciales que muestren lo mala que es (la adicción)”.

Según reportó CNN, el programa del gobierno fue hecho público por la Casa Blanca el pasado domingo y comprende tres partes: la aplicación de la ley y la prohibición; la prevención, educación y financiamiento federal, y el apoyo a quienes se han visto afectados por la epidemia a encontrar trabajos, de acuerdo a lo expuesto por Andrew Bremberg, director del Concejo de Políticas Domésticas de la Casa Blanca y la consejera Kellyanne Conway.

Si bien esta es la primera vez que el presidente habla detalladamente de la crisis desde que se viera obligado a declararla como emergencia de salud pública en el 2017, sus promesas siguen siendo vagas y enfocadas en la autoridad más que en las medidas recomendadas por especialistas internacionales para ver un efecto positivo a la larga.

El Presidente continuó su discurso atacando nuevamente la frontera con México, hablando de la urgencia de su muro fronterizo y del asunto que se interpone en su construcción: DACA. “Ellos (los Demócratas) no quieren ir con DACA, porque no les importa. Pero están intentando atar el muro a DACA, y DACA con el muro”.

Asimismo, habló de las ciudades santuario, de ICE, pero en lo que más insistencia hizo fue en la necesidad de que “la pena final sea la pena de muerte”.

De acuerdo a los datos publicados por Vox, esta epidemia es hoy por hoy la peor crisis de sobredosis por fármacos y drogas en la historia de Estados Unidos. “Casi 64.000 personas murieron por sobredosis en el país en el 2016, y al menos dos tercios de esas muertes estuvieron relacionadas con opiáceos como el ilegal fentanyl, la heroína y los analgésicos de prescripción”, explica el medio.

Y según los datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las cifras en el 2017 fueron incluso peores.

Teniendo en consideración que no todo en el proyecto de la Administración Trump es negativo – pues las propuestas de acceso a tratamiento y algunas políticas educativas de prevención han demostrado ser eficaces según los expertos – su enfoque en la pena de muerte y en el reforzamiento de medidas radicales por parte del orden público, no son precisamente el enfoque más adecuado.

Según explicó Sarah Wakeman, directora médico de la Substance Use Disorder Initiative en el Massachusetts General Hospital, a Vox: “ya hemos intentado el experimento de sentencias mínimas obligatorias y más duras para cargos por drogas en epidemias previas y el resultado final fue el del aumento de la población en prisión y el empeoramiento de las disparidades raciales en el sistema de justicia criminal, no mejorías en los resultados de la salud pública”.

De acuerdo con un artículo publicado por la National Library of Medicine, las estrategias recomendadas para este tipo de circunstancias suelen ser: los mecanismos de reducción del daño, la evasión de las políticas de miedo, programas educativos y de entrenamiento, y la incorporación de las personas en recuperación a la vida diaria.

De nuevo, gran parte de estos procesos parecieran estar contemplados en el nuevo programa del gobierno, pero la campaña por la pena de muerte podría resultar en daños colaterales mucho peores.

“¿Cómo es posible que la primera respuesta al problema de abuso de drogas en Estados Unidos siga siendo la criminalización, considerando la amplia información recopilada por años que demuestra los beneficios económicos y sanitarios de la prevención, el tratamiento y la reducción del daño?”, pregunta el autor, Douglas L. Polcin, del Alcohol Research Group.

La respuesta pareciera ser la perpetuación de políticas domésticas desde la implementación de la terminología “war and drugs” por parte del Presidente Nixon en los años 70, y que fue heredada por las administraciones subsecuentes. Para los investigadores, “las sentencias mínimas obligatorias por crímenes relativos a drogas que se iniciaron durante los años de Reagan resultaron en la inundación de cárceles y prisiones”, sin solventar el problema de raíz.