Salvador se ha convertido en el primer país del mundo en aceptar una criptomoneda como divisa de curso legal. Con 6,4 millones de habitantes, desde hoy el Bitcoin es moneda oficial junto al dólar. Su circulación viene aprobada por una ley exprés del Parlamento el pasado mes de junio, que controla el partido del presidente, Nayib Bukele. 

La decisión ha abierto el debate para que muchos otros países se planteen las oportunidades que puede tener oficializar el uso de criptomonedas, aunque también sus riesgos. Muchos salvadoreños temen que su país sea el laboratorio mundial de las ciberdivisas. 

La Ley Bitcoin salió adelante con los votos a favor de 62 de los 84 diputados del país. Establece que el tipo de cambio con el dólar será el que establezca el mercado. Ese es el principal factor que preocupa a la población, por la volatilidad de la criptomoneda que no es oficial en ningún otro lugar del mundo. 

Aunque su uso es opcional, la ley especifica que “todo” agente económico debe aceptarla como forma de pago por cualquier bien o servicio. Para usarla, los ciudadanos tendrán que descargarse una cartera, nombrada Chivo Wallet. Con ella podrán sacar dólares en alguno de los 200 puntos Chivo que el Gobierno ha instalado por todo El Salvador. 

Para estimular las descargas, el Gobierno regala 30 dólares en Bitcoins a quienes se instalen la cartera en sus teléfonos inteligentes, aunque no podrán cambiarlos por dólares. En El Salvador, la mayoría de la población no tiene acceso a Internet. A pesar de ello, el presidente Bukele ya ha anunciado que el país ha comprado sus 200 primeros bitcoins, lo que equivale a más de 10 millones de dólares. 

El presidente tiene un alto nivel de aceptación entre la población, por encima del 70%. Pero las encuestas de las últimas semanas reflejan que los salvadoreños rechazan en su mayoría la Ley Bitcoin, no están interesados en descargarse la cartera y prefieren seguir utilizando el dólar.    

De hecho, ya ha habido manifestaciones por la derogación de una ley que muchos consideran impuesta y generadora de inseguridad jurídica. Pero el gobierno confía en que el Bitcoin ayude a impulsar la economía y el empleo en el país y sobre todo beneficie a quienes reciben remesas del extranjero. Bukele cifra en 400 millones de dólares el gasto de los expatriados en comisiones por enviar dinero a sus familias.