La pandemia del Coronavirus le ha dado la oportunidad a la Administración Trump para poner en marcha el bloqueo a la inmigración indocumentada que el presidente ha promocionado siempre desde el podio de sus mítines de campaña.

Según reportó el Washington Post, el gobierno ha aprovechado la situación para cerrar el sistema de inmigración desde el 21 de marzo, de manera tan estricta que sólo se le ha otorgado la estancia por protección humanitaria a dos personas durante los últimos dos meses.

Citando datos inéditos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el Post ha reportado cómo la decisión de la Administración de otorgar a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza la autoridad para “eludir las leyes de inmigración” y “rechazar rápidamente a la mayoría de los migrantes no autorizados” ha supuesto una expulsión masiva de más de 20.000 personas que intentaron cruzar la frontera sin autorización.

El argumento de los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional es el de dar prioridad a los protocolos de emergencia y “proteger a los estadounidenses” reduciendo el número de detenidos en las celdas de la Patrulla Fronteriza y en las cárceles de inmigración, consideradas hoy en día focos graves de contagio.

“Las estadísticas muestran que el USCIS llevó a cabo sólo 59 entrevistas de selección entre el 21 de marzo y el miércoles en el marco de la Convención contra la Tortura, efectivamente la única categoría de protección en los Estados Unidos que todavía está disponible para aquellos que expresan un temor de daño grave si son rechazados,” explicó el medio. “El USCIS rechazó 54 solicitantes y tres casos están pendientes, según los datos, lo que no indica la nacionalidad de los seleccionados ni otra información demográfica.”

De igual manera, el gobierno estadounidense se ha transformado en una máquina de exportación de Coronavirus, realizando aproximadamente 232 vuelos de deportación hacia Latinoamérica y el Caribe entre el 3 de febrero y el 24 de abril de este año, y entregando a países como México, Haití y Guatemala varios individuos que dieron positivo por COVID-19.

Mientras tanto, el derecho a la protección subsidiaria sigue siendo pasado por alto en las oficinas de inmigración.

Lucas Guttentag, especialista en ley de inmigración que sirvió en la administración de Obama y ahora enseña en las universidades de Stanford y Yale, dijo al Post que las medidas en la frontera "están diseñadas para dar una respuesta de la boca para afuera" a la ley de Estados Unidos y a las obligaciones de los tratados internacionales "sin proporcionar ninguna protección o investigación real".

"Todo el propósito de la ley de asilo es dar a los individuos exhaustos, traumatizados y desinformados una oportunidad de llegar a una audiencia completa en los tribunales de inmigración de EE.UU., y esto hace que sea casi imposible", dijo Guttentag. "Es una farsa vergonzosa".