Ser un inmigrante indocumentado muy
pronto podría convertirse en un delito en Arizona, lo que causa gran
preocupación entre activistas y el regocijo de aquellos que se
oponen a la inmigración ilegal.

En un duro golpe para grupos que
defienden los derechos de los
inmigrantes, la Cámara Baja aprobó ayer la iniciativa de ley HB1070,
que permite presentar cargos a personas sin "papeles" por entrada
sin autorización ("trespass").

La propuesta de ley ahora debe de
ser reconciliada con una
versión similar aprobada por el Senado para pasar después al
escritorio de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien durante
su primer informe de gobierno aseguró que respaldaría leyes que
frenen la inmigración ilegal en el estado.

"Estamos muy
decepcionados de que nuestros legisladores no puedan
reconocer el impacto masivo que esta ley tendrá en los negocios de
Arizona, el turismo, las familias y la economía local", dijo Jennifer Allen, directora de la Red de Acción Fronteriza.

La
activista agregó que este voto será también en perjuicio del
resto del país ya que, en su opinión, Arizona se ha convertido en el
"punto cero" del sentimiento anti-inmigrante y su problemática
social la principal prueba de la necesidad que existe de una reforma
migratoria a nivel nacional.

En las últimas semanas, la Red de
Acción Fronteriza junto con
otros grupos ha entregado más de 20.000 peticiones a la oficina de
la gobernadora Brewer para que vete la iniciativa.

Un acto que
volvieron a repetir hoy en un intento más por tratar
de evitar que el proyecto se convierta en ley.

La medida
convertiría en potenciales agentes de inmigración a
miembros de agencias locales del orden, así como penalizaría a las
personas que transporten o den trabajo a inmigrantes indocumentados.

Modificaciones
a la propuesta aprobadas por la Cámara baja,
protegerían a congregaciones religiosas y agencias que proporcionan
servicios de primeros auxilios como los bomberos y paramédicos.

"Ya
era tiempo que aprobáramos estos cambios, nuestro deber es
proteger nuestras comunidades", dijo el senador estatal
republicano Russell Pearce, principal impulsor de lo que ha sido
calificada como la ley estatal más dura en contra de la inmigración
indocumentada en Estados Unidos.

Pearce negó acusaciones de que
su propuesta fomente las prácticas
de perfil racial en contra de la comunidad hispana.

"La propuesta
es muy clara en cuanto a que las agencias del orden
no pueden usar la raza o el grupo étnico de una persona como el
factor principal, deben de tener una razón y una causa probable"
para una detención", enfatizó el legislador.

Aseguró que el
principal blanco de estos cambios son los
pandilleros, narcotraficantes, y traficantes de humanos.

Por su
parte, el representante estatal Steve Montenegro, dijo a
Efe que es una equivocación calificar esta iniciativa de ley como
"anti-inmigrante".

"La verdad es que hay una diferencia entre la
inmigración
indocumentada y la inmigración legal", dijo el legislador
republicano.

La aprobación de la iniciativa coincidió con la
presencia de unos
100 rancheros que se dieron cita en el Capitolio estatal para pedir
a los legisladores y la gobernadora incrementar la seguridad en la
frontera a raíz de la muerte el mes pasado de un hacendado que fue
baleado dentro de sus terrenos, aparentemente por un traficante de
humanos.

"Es preocupante lo que está pasando en nuestro estado,
estas
leyes solamente están dividendo a las comunidades, enfrentando a
vecino contra vecino", finalizó Allen, quien aseguró que varios
grupos en Arizona se preparan para presentar una demanda en contra
de esta iniciativa en caso de que se convierta en ley.