En la recta final para una de las elecciones más importantes en el país, el presidente Donald Trump ha vuelto a hacer uso de su retórica anti-inmigrante para impulsar el voto Republicano.

Durante las últimas semanas, el rechazo a su caótica agenda gubernamental, así como la campaña por el Voto Latino, han puesto contra las cuerdas a la mayoría Republicana en el Congreso que corre el riesgo de perder el control legislativo en el país después de las elecciones de mitad de período.

Entre amenazas contra la Caravana de Inmigrantes que transita Centroamérica hacia la frontera y constantes ataques contra los medios de comunicación, el presidente se ha quedado sin munición para su campaña.

Ahora, ha asegurado que cumplirá su promesa de eliminar los “bebés ancla” (anchor babies), firmando una orden ejecutiva que rescindirá el derecho constitucional a hijos de no ciudadanos a tener la ciudadanía estadounidense.

En una entrevista con Axios el día lunes, Trump dijo haber discutido la idea con sus asesores y que la medida “está en proceso, sucederá, con una orden ejecutiva”.

“Me habían dicho que necesitabas una enmienda constitucional”, dijo el presidente. “¿Adivina qué? No la necesitas”.

El presidente ha demostrado nuevamente su falta de conocimiento en el campo del derecho internacional, pues estaría sugiriendo la remoción del estatuto legal conocido como julis soli (derecho a la tierra) que proviene del derecho romano que influenció los sistemas de derecho civil en gran parte de Occidente.

Después de la independencia de las colonias inglesas y de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, la estructuración de las nuevas sociedades se basó en grandes oleadas migratorias, lo que permitió que el julis soli se instaurara como enmienda constitucional.

Si bien las crisis migratorias del siglo XXI han puesto el foco sobre el principio – en especial en países Europeos que vieron sus capacidades saturadas a la hora de recibir inmigrantes – el julis soli no es absoluto, y puede contemplar algunas condiciones.

La enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos reza que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Esta “jurisdicción” contempla dos excepciones: en el caso de niños nacidos en el país pero hijos de diplomáticos extranjeros o “niños nacidos de las fuerzas enemigas que participan en la ocupación hostil del territorio del país”.

Esta última excepción ha sido objeto de amplio debate durante los últimos años, en especial en Estados Unidos.

El sociólogo John Skrentny de la Universidad de California, dijo a NPR en el 2010 que, si bien el resto del mundo otorga la ciudadanía a inmigrantes por lo que es conocido como jus sanguinis (“por derecho de sangre”), Estados Unidos es uno de los pocos en otorgar la ciudadanía de nacimiento sin mayores excepciones.

“La idea es que la nación, la gente, están unidos a través de la ascendencia”, explicó Skrentny. “La otra noción de nacionalidad se entiende generalmente como una noción cívica de nacionalidad. Y esta es la idea de que las personas están unidas por el sitio en el que están, por localidad, y por las ideas que podrían compartir. Y eso es lo que tenemos en Estados Unidos. Hay personas que lo entienden como que ser estadounidense es abrazar una idea (en común)”.

En conclusión, el presidente tiene a la mano dos opciones para cumplir su promesa: bien podría utilizar el vacío interpretativo de la enmienda 14 como vía para eliminar el derecho a la ciudadanía de niños nacidos de padres indocumentados en el país - basándose en su retórica de que los inmigrantes son “pandilleros”, “violadores”, “traficantes” y que vienen al país en caravanas que ha tildado de “invasión” – o podría someter el proceso a una modificación de la enmienda, lo que necesitaría la aprobación del Congreso.