La senadora por Nevada Catherine Cortez Masto presentó el jueves 16 de febrero un proyecto de ley para proporcionar financiación y apoyo adicionales a los organismos tribales encargados de hacer cumplir la ley con el fin de reducir las ineficiencias que existen desde hace tiempo en el País Indígena.

BADGES es un grupo de proyectos de ley presentados por Cortez Masto en el transcurso de su mandato en el Senado, y ahora está centrando su atención en las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas, junto con el senador por Dakota del Norte John Hoeven. 

"Estoy haciendo todo lo que puedo para garantizar que los organismos tribales encargados de hacer cumplir la ley tengan lo que necesitan para servir a sus comunidades, reclutar y formar a agentes y llevar a los autores ante la justicia", escribió Cortez Masto en un comunicado. 

"Mi proyecto de ley dará a las fuerzas del orden tribales acceso a más recursos federales y mejorará la coordinación entre agencias, fortaleciendo la seguridad pública y protegiendo a las familias nativas".

Las mujeres indígenas ocupan uno de los primeros lugares en incidentes de homicidio y secuestro en el país, pero los sistemas de información separados entre la aplicación de la ley tribal y el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (NamUs) crean lagunas en el número de casos que los agentes federales investigan.

En 2016, el Departamento de Asuntos Indígenas -dependiente del Departamento de Interior- constató que la tasa de asesinatos se había disparado entre las mujeres que viven en reservas, pero los datos están gravemente infradeclarados. 

En 2016, el Centro Nacional de Información sobre la Delincuencia también descubrió que, aunque "había 5.712 denuncias de desaparición de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska", solo una fracción de esa cifra se registró en el sistema de denuncia NamUS. 

Del total de casos, 116 fueron denunciados formalmente. 

La secretaria del Departamento del Interior de Estados Unidos, Debra Haaland -la primera mujer indígena en asumir el cargo-, instituyó en 2021 un sistema de seguimiento específicamente diseñado para seguir los casos dentro de la BIA. 

La base de datos de Haaland contiene su propia lista separada en la que las personas pueden enviar pistas mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas o correos electrónicos. 

"Nuestro proyecto de ley incluye la legislación bipartidista que introduje anteriormente para permitir [a la Oficina de Asuntos Indígenas] llevar a cabo sus propias verificaciones de antecedentes de los solicitantes, ayudando a conseguir más oficiales en el trabajo", dijo Hoeven, que es el ex presidente del Comité del Senado sobre Asuntos Indígenas.

"La Ley BADGES para las Comunidades Nativas trata de mejorar la seguridad pública y aumentar los recursos disponibles en las comunidades tribales".

En el proyecto de ley

Cortez Masto propone facilitar el proceso de presentación de informes mediante la instalación de un socio para trabajar entre NamUS y las tribus, además de llevar a cabo la formación y la recopilación de información para fortalecer el proceso en su conjunto. 

Cortez Masto también pide que se informe periódicamente sobre las necesidades en materia de aplicación de la ley, como dotación de personal, sustitución y reparación de instalaciones penitenciarias, capital y tecnología de comunicación de emergencia.

La BIA realizaría sus propias comprobaciones de antecedentes de los aspirantes a agentes de la ley para "mejorar la contratación de agentes". 

El proyecto de ley también busca subvenciones para ayudar a las tribus de diferentes estados a coordinar esfuerzos para abordar "los casos de personas desaparecidas y asesinadas y los casos de agresión sexual." 

Grietas en el sistema

Gran parte de la deficiencia en la presentación de informes tiene su origen en la jurisdicción y la autoridad. Las comunidades tribales se autogobiernan y actúan con independencia de las autoridades locales y federales estadounidenses, salvo contadas excepciones. 

Si un delito tiene lugar en territorio tribal, los fiscales y otros funcionarios locales pueden intervenir, dependiendo de la gravedad del delito. 

Los funcionarios tribales, además, tienen una jurisdicción muy limitada sobre la aplicación de la ley en suelo no indígena y, según el sistema actual, sólo pueden detener a las personas, no acusarlas formalmente ni arrestarlas. 

Incluso cuando son capaces de detener a personas, las autoridades tribales han informado de que sólo llegan hasta cierto punto, y las agencias federales pueden tardar horas en intervenir. 

Los funcionarios tribales pudieron empezar a detener a posibles agresores en 2021 tras una batalla en el Tribunal Supremo de EE.UU. sobre la autoridad jurisdiccional.