Aunque Filadelfia puede ser considerada la “Ciudad del Amor Fraternal” en la que no es raro abrazar al prójimo o incluso solidarizarnos con los otros en tiempos difíciles, es difícil verla como un santuario.

En un lugar donde los agentes del ICE todavía pueden detener a cualquier personas, las prácticas policiales del stop-and-frisk  afectan mayoritariamente a las comunidades negras y latinas, y donde la criminalidad reina, difícilmente puede ser visto como un refugio. Habría que ignorar esa realidad si se pretende seguir llamado a Filadelfia una “ciudad santuario”.

Y sin embargo, a pesar de los esfuerzos del alcalde Jim Kenney para hablar de Filadelfia como “una ciudad acogida a  la Cuarta Enmienda” que prohíbe las detenciones ilegales, el estado de “santuario” de Filadelfia ha sido tema de debate y alta prioridad para el fiscal general Jeff Sessions y el Departamento de Justicia (DOJ). 

Como ya reportó AL DIA en su momento, el DOJ publicó el mes pasado una carta dirigida a Filadelfia y otras ocho ciudades estadounidenses para comunicarles su obligación de cumplir con la ley 8 U.S Code 1373. Esta ley dicta que ninguna ciudad o estado puede bloquear el acceso a información sobre inmigración al gobierno federal. A pesar de su brevedad, la carta del DOJ deja muy claro que el no cumplimiento de la ley puede resultar en pérdidas de hasta $1.67 millones en fondos federales para la ciudad, mediante la eliminación de la Justice Assistance Grant (JAG), una subvención que se utiliza para financiar la formación y  horas extras de las fuerzas policiales de la ciudad. 

Filadelfia ha enviado ya su respuesta, que ha sido defendida por las principales autoridades locales, incluyendo el Procurador General Sozi Pedro Tulante, quién declaró que “en la práctica, las políticas llevadas a cabo por la ciudad garantizan el intercambio de información con el gobierno federal sobre criminales sospechosos o bajo custodia”. El Procurador General añadió además que “la ciudad también garantiza la protección de información confidencial sobre aquellos individuos que no suponen ninguna amenaza criminal”.

La respuesta de Philly, dirigida a Tracey Trautman, director en funciones del Bureau y la Oficina Asistencia Judicial, empieza con una declaración aclaratoria sobre cómo la subvención JAG ha ayudado a las fuerzas policiales de la ciudad y cuán vital es este dinero para la seguridad de la ciudad. 

“En 2016, los crímenes contra la propiedad llegaron a su punto más bajo desde 1971, los robos descendieron a los niveles de 1969 y los crímenes violentos alcanzaron el nivel mínimo desde 1979”, puede leerse en la carta. No se trata de ninguna pequeñez, teniendo en cuenta la histórica relación de Filadelfia con el crimen. 

Sin embargo, a pesar de demostrar la necesidad de dicha subvención, la ciudad argumenta que hoy una ciudad más segura gracias a su forma de cumplir con la sección 1373 de la ley. 

Al destacar que la normativa federal solo requiere que la ciudad coopere con las fuerzas del ICE, la ciudad demuestra que está cumplimendo por defecto, y también en la práctica, con la ley. La carta de respuesta emitida por la ciudad constata que por el hecho de no recoger de forma activa información sobre inmigración, Filadelfia ya está cumpliendo con la ley, pues ésta no exige que las autoridades policiales interroguen a los ciudadanos sobre el estatus de sus procesos migratorios. 

Esta idea se apoya además en la admisión por parte de la ciudad de no estar recogiendo información migratoria de partes inocentes y de delincuentes, y de estar dispuesta a compartir la información que dispone con las autoridades de inmigración. 

La política que no convence al Departamento de Justicia parece ser la decisión de Filadelfia de no atender a las peticiones de arresto del ICE sin la orden judicial debida. La ciudad defiende que esta decisión no afecta a su capacidad para intercambiar con el gobierno federal aquellos datos sobre inmigración que ya dispone.

La respuesta de Philly se apoya en dos documentos básicos. Una de ellas es la Orden Ejecutiva 8-09, titulada “Regulación del Acceso de los Inmigrantes a los Servicios Municipales,” que se basa en la ley promulgada en noviembre de 2009 por el entonces alcalde Michael Nutter que garantiza que cualquier individuo debe tener acceso a los servicios de la ciudad sin miedo a su seguridad personal o a ser deportado debido a una interrogación sobre su estatus migratorio. Estos servicios incluyen atención médica, educación escolar, prestaciones sociales para la infancia, y otros. 

El otro documento clave que define la política de la ciudad sobre temas migratorios es el Memorandum 01-06, que regula cómo la policía debe interactuar con el público en relación a su estatus migratorio. Promulgada por el anterior Jefe de Policía John F. Timoney en mayo de 2001, el mandato prohíbe a los agentes de policía realizar interrogaciones sobre estatus migratorios mientras estén de servicio, con el fin - otra vez -  de evitar la creación de una cultura del miedo, que fomente el temor a perder el acceso a los servicios municipales y, en este caso, policiales. 

El gobierno de Filadelfia sostiene que la premisa básica de la Sección 1373 es prevenir  la cooperación con las autoridades de inmigración y aduanas, y que la ciudad está en cumplimiento con ésta porque rechaza activamente recopilar datos sobre inmigración a no ser que hayan sido recolectados en una escena de crimen.  

El Departamento de Justicia todavía tiene que publicar una respuesta directa a la ciudad de Filadelfia en referencia a la subvención JAG, pero teniendo en cuenta que la ciudad cumplió con los requisitos marcados dentro del plazo (30 de junio), ahora debería esperar la aprobación legal por parte del gobierno federal. n