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El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, y el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions. 
El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, y el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions. 

Filadelfia se anota una victoria contra chantaje de Jeff Sessions

El juez federal que estudia la demanda interpuesta por Filadelfia contra el Departamento de Justicia, aseguró que la ciudad cumple con los requisitos para…

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Filadelfia cumple con todas las condiciones del Departamento de Justicia para acceder al 1.6 millón de dólares del programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant, por medio del cual el gobierno federal contribuye con parte de las necesidades del cuerpo policial de la ciudad. 

Esa fue la declaración del juez federal Michael Bayson recogidas por Philly.com durante una audiencia llevada acabo este jueves. Aunque el dictamen final será conocido en un par de semanas, el hecho de que la máxima autoridad haya hecho dicha declaración supone que al menos en el terreno discursivo, Filadelfia tiene la razón. 

A finales de agosto pasado, la administración local demandó la decisión del fiscal general Jeff Sessions de cambiar las reglas de juego y endurecer los requisitos para que jurisdicciones señaladas de ser ‘ciudades santuarios’, como Filadelfia, se suscribieran a la política migratoria del gobierno federal antes de recibir apoyo financiero. 

Básicamente, la nueva directiva de la administración Trump le solicita a las ciudades interesadas en acceder a los fondos colaborar y proveer total acceso de ICE a inmigrantes indocumentados detenidos por autoridades locales, incluso 48 horas antes de que sean puestos en libertad. 

Mientras la Casa Blanca insiste que aquellas jurisdicciones que se nieguen a garantizar dicho acceso estarían incurriendo en violaciones a leyes federales, y por tanto no cumplirían los requisitos mínimos para hacerse a la ayuda financiera, el alcalde Jim Kenney manifestó en agosto que Filadelfia no está quebrando ninguna ley.

El rifirrafe entre estas jurisdicciones llegó a estrados judiciales en agosto pasado, cuando varias ciudades decidieron demandar el veto. 

Aunque la declaración del juez no constituye una sentencia, representantes de la administración local expresaron sentirse optimistas frente a la decisión final.

 

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