Al inicio del año escolar, 7,500 estudiantes de la escuela secundaria en Filadelfia tendrán que ingeniárselas para ver cómo llegan a la escuela sin ninguna ayuda económica por parte del distrito.

Eso se debe a qué, en un esfuerzo por ahorrar menos de 4 millones de dólares (de un déficit de 81 millones de dólares), el distrito aumentó la distancia de la admisibilidad para el transporte subsidiado de 1.5 a 2 millas, o la distancia entre el Ayuntamiento y la escuela secundaria de South Philadelphia, lo que equivale a un total de cinco paradas del metro y una distancia  de 45 a pie.  

Aunque la constitución de Pensilvania exige que el estado ofrezca un sistema de educación completo y eficiente, la ley no le exige a las escuelas que traigan a los estudiantes para educarlos. Según el Ministerio de Educación “el transporte es un privilegio, no un derecho”. 

No obstante, es un privilegio que las familias de muchos estudiantes se esforzarán para costear. Según el Distrito escolar de Filadelfia, el 87 por ciento de los estudiantes de escuelas del distrito tienen una desventaja económica. Uno de cada cuatro estudiantes de Filadelfia proviene de familias cuyos ingresos están debajo de la línea de la pobreza. Dos fichas cada día para transportar a tan solo uno niño a la escuela costaría 70 dólares adicionales al mes –lo que se asemeja al monto de la factura de energía eléctrica o de una ida al supermercado, gastos necesarios que las familias luchan por costear.

Los recortes de transporte son una de varias medidas posiblemente temporales para abrir las escuelas a tiempo, inclusive de reducciones en la seguridad escolar, mantenimiento y compras de los proveedores. Los niños y niñas de Filadelfia volverán a ver las aulas sobrepobladas y escuelas con escaso personal, sin enfermeras, orientadores, bibliotecarios y administradores. El destino de 1,000 empleados depende de la decisión que tome el cuerpo legislativo estatal este otoño sobre el impuesto propuesto sobre los cigarrillos.