En septiembre del año pasado, Juntos –la organización defensora y promotora de los derechos de inmigrantes indocumentados, y que reúne a decenas de familias mexicanas localizadas predominantemente en el sur de Filadelfia– cumplió su decimoquinto aniversario.

La celebración, sin embargo, pasó de agache. Una paradoja total para una de las organizaciones comunitarias que más ruido hace cuando se trata de exigir derechos 87 y más población moviliza en marchas y protestas.

Pero el que haya pasado inadvertida no quiere decir que no haya habido celebración. Lo que sucede es que para Juntos la fiesta básicamente consiste en seguir en la lucha para lograr que cada vez más inmigrantes sepan cómo proteger sus derechos ante lo que ellas y ellos llaman “la máquina de deportaciones”.

Además, “el palo no estaba pa’escoba”. Tal y como ilustra el dicho popular colombiano cuando una situación es de tal dificultad que le impide a quien la vive llevar a cabo un proyecto cualquiera, el año pasado Juntos y las familias que lo integran tuvieron más razones para preocuparse que para irse de rumba.

Por un lado estuvo la arremetida del gobierno federal contra las llamadas ciudades santuarios. En cabeza del fiscal general Jeff Sessions, la administración Trump amenazó con recortar la ayuda financiera a las jurisdicciones locales que se opusieran a colaborar con los agentes de la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE).

Sessions cambió de la noche a la mañana los requisitos legales para obtener, en el caso de Filadelfia, el 1.6 millón de dólares del programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (JAG) destinado a apoyar las necesidades presupuestales del Departamento de Policía.

"[Juntos] no sería lo que es hoy si no fuera porque la comunidad nos proporciona retroalimentación, porque la ciudad hace presencia en este espacio, porque nos ven como un santuario”: Carolina Torres

Filadelfia, que había recobrado su carácter de ciudad santuario el mismo día que Jim Kenney tomó posesión de su cargo como alcalde –luego de que Michael Nutter hubiese borrado con el codo lo que hizo con las manos al reactivar la colaboración con ICE– demandó a finales de agosto al fiscal general y entró en un litigio para demostrar que su decisión no contrariaba ninguna ley federal y que, por lo tanto, el abrupto cambio de las condiciones para acceder a los fondos del programa JAG era ilegal e inconstitucional.

En noviembre, un juez federal de Pensilvania falló a favor de la ciudad dándole la razón al argumento expuesto por el City Solicitor, Sozi Pedro Tulante, quien junto con Kenney, decidieron dejar de referirse a Filadelfia como una “ciudad santuario” para llamarla desde entonces como la “ciudad de la cuarta enmienda”.

El cambio de mote no es caprichoso, sugiere que la posición de Filadelfia frente a su comunidad indocumentada está estrictamente ajustada a la ley y que por tanto la ciudad seguirá honrando el derecho de cualquier persona a ser libre y a no sufrir detenciones sin que exista de por medio una orden firmada por un juez.

Por otro lado, el cinco de septiembre de 2017, el mismo Sessions anunció el final del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una medida que volvió a poner en la cuerda floja a más de 800.000 dreamers y que devolvió al país cinco años.

Si en Washington llovía, por acá no escampaba. A finales de ese mismo mes, luego de haber negado que estaba preparando redadas en diferentes ciudades santuario, ICE desarrolló la llamada Operación Ciudad Segura (Safe City Operation), una redada masiva llevada a cabo durante cuatro días en 42 condados y que terminó con un saldo de 498 personas detenidas.

Filadelfia, que se supone es santuario de inmigrantes o “ciudad de la cuarta enmienda”, no pudo evitar aportar el mayor número de víctimas reportadas por la misma agencia: 107 inmigrantes detenidos y puestos en proceso de deportación.

Es en este contexto en que Juntos cumplió 15 años como organización social y comunitaria compuesta en su mayoría por inmigrantes indocumentados. Es en este contexto en que vale la pena preguntarse cómo esta organización ha podido mantenerse en pie de lucha durante tanto tiempo trabajando en la mayoría de los casos con las uñas, sin dinero, y corriendo los mayores riesgos.

Pese a que desde su fundación Filadelfia es considerada la ciudad del amor fraternal, que le da la bienvenida a todo el que la visita, no fue sino hasta hace cuatro años que se convirtió oficialmente en una ciudad santuario. Es decir, una jurisdicción que se abstiene de mantener bajo custodia y sin razón de peso a personas solicitadas por ICE.

La historia de ese cambio de política frente a las comunidades inmigrantes está estrechamente ligada con la historia de Juntos. De acuerdo con los miembros del equipo, fue en el sótano de su oficina donde se redactaron los primeros bocetos de lo que se convertiría en la orden ejecutiva No. 1-14 (Policy Regarding U.S. Immigration and Customs Enforcement Agency Detainer request).

La orden, firmada en abril de 2014 por el entonces alcalde Nutter, ponía fin a la colaboración entre el Departamento de Policía de Filadelfia y la Oficina de Aduanas e Inmigración en labores tendientes a lograr la deportación de extranjeros indocumentados. Sin embargo, la fiesta no duró mucho. Pocos días antes de terminar su período, Nutter reversó la medida.

“Es bello y poderoso ver el crecimiento que ha tenido mi mamá. Verla aspirando a ser parte de la Junta Escolar, verla dando discursos sin miedo frente a la comunidad es algo hermoso que sucede con muchos de nuestros miembros”: Olivia Vásquez

De acuerdo con Érika Almirón, directora ejecutiva de Juntos, el que la ciudad haya adoptado medidas como esa –o la orden ejecutiva No. 5-16, firmada por Kenney el primer día de su mandato–, fue posible gracias al trabajo articulado de organizaciones sociales y comunitarias como la coalición Philadelphia Family Unity Network (de la que hicieron parte Juntos, el New Sanctuary Movement, el Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition, and Victim/Witness Services of South Philadelphia y el 1Love Movement).

Llegar a este punto tomó muchos años, todos los que pasaron antes y –especialmente– después del 11 de septiembre de 2001. “Estaban desapareciendo a la gente, la policía los detenía y tres días después aparecían en los centros de detención. Nos dimos cuenta de que existían bases de datos y que la Policía estaba poniéndose en contacto con ICE para ofrecer colaboración”, explica.

Almirón se refiere a una de las épocas más grises para la comunidad mexicana del sur de Filadelfia, años en los que ser inmigrante e indocumentado era ser doblemente vulnerable: cuando no te golpeaba la ley, te golpeaban los delincuentes.

Fue justo después de los ataques terroristas al World Trade Center, cuando el entonces presidente George W. Bush le dio pie a una cacería de brujas indiscriminada mediante la creación de la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE), adscrita al también recién creado Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Paralelamente, en septiembre de 2002 se empezaría a gestar la creación de Juntos. Dos estudiantes universitarios llegaron a la iglesia Santo Tomás de Aquino (ubicada en la calle 18 con Morris) buscando gente para poner en marcha un proyecto de agricultura urbana. Peter Bloom, co-fundador de Juntos, era uno de ellos.

El proyecto de agricultura quedó rápidamente atrás, pero el sótano de la iglesia se convirtió en un aula donde Bloom y otros amigos dictaban clases de inglés a la creciente comunidad mexicana.

“De pronto, las clases dejaron de ser suficientes para enfrentar las condiciones. Muchas veces, la gente estaba teniendo problemas con la policía”, recuerda Almirón, quien para la fecha aún no hacía parte del colectivo.

En una entrevista que Bloom le concedió al proyecto Journeys South de programa Mural Arts Philadelphia, el co-fundador de Juntos afirmaba en noviembre de 2008 que “después de cada clase se formaba una fila de estudiantes con problemas de toda clase: desde quienes necesitaban traducciones de documentos, hasta quienes se quejaban porque sus jefes no les pagaban; o quienes necesitaban un lugar en donde dejar a sus hijos y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

Al grupo organizado por Bloom y líderes históricos como Édgar Ramírez, Carlos Rojas, Leticia Nixon, Dalia O’Gorman, entre otros, se unió un grupo de mujeres organizadas por Cristina Pérez, de Women Organized Against Rape. Ese fue núcleo de Juntos.

Las clases de inglés se convirtieron en talleres, en charlas con abogados, enfermeras, psicólogas, y en jornadas de identificación con el Consulado Mexicano. De acuerdo con Almirón, Juntos empezó a organizarse por comités que fueron los incubadores de otras organizaciones como Puentes de Salud y  Casa Monarca.

El 2006 fue un año de efervescencia social a lo largo y ancho del país. Los ataques del 11 de septiembre le habían dejado una cicatriz profunda a la sociedad estadounidense. En diciembre de 2005, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley H.R, 4437 popularmente conocido como el “Sensenbrenner Bill”, una propuesta legislativa que básicamente igualaba la inmigración irregular con el terrorismo.

El proyecto nunca pasó en el Senado, pero generó una ola de medidas legislativas anti-inmigrantes en diferentes estados. Es a partir de ese año que la historia de Juntos empezó a cambiar. “Después de la marcha del 2006, la gente de la comunidad se dio cuenta de que era necesario organizarse”, recuerda Almirón.

“Juntos era el lugar donde la gente podía venir a hablar no solo de cultura, también sobre cómo solucionar los problemas para que la comunidad sobreviviera; sobre cómo dedicarse a los asuntos que eran importantes y cómo hacer que su voz tuviera incidencia política a pesar de no poder votar”.

Juntos es una organización que creció en el seno de la comunidad mexicana, una comunidad que se ha mantenido cohesionada en parte por los lazos de familiaridad que la cruzan; la mayoría de la gente vino de la misma región: San Mateo de Ozolco, Puebla.

Esa particularidad explica un poco la vigencia de Juntos. A medida que el clima anti-inmigrante se hizo más denso en el país, la organización se hizo más fuerte. Los niños de los que salieron a exigir una reforma migratoria en 2006, los que crecieron acompañando a sus madres y padres a las manifestaciones, son hoy los que caminan kilómetros para lograr un sueño: que el país los reconozca oficialmente como los estadounidenses que son. 

Para Almirón Juntos “es una familia que lucha unida” cuya fuerza radica en que la organización se ha dedicado a construir liderazgos entre jóvenes y adultos de la comunidad.

Carlos Rojas es un ejemplo de ello; ha sido protagonista de Juntos desde los días en el sótano de la iglesia Santo Tomás de Aquino. Hoy su hija, Karla, es una dreamer que lucha por un Clean Dream Act. 

De la mano de Karla, llegó Olivia Vázquez a principios de esta década buscando asesoría sobre cómo, siendo una adolescente indocumentada, podía solicitar un cupo (aplicar) para estudiar en la universidad. Hoy es organizadora comunitaria.

De la mano de Vázquez, su mamá –Olivia Ponce– regresó a la organización años después de haberla dejado. Ambas han experimentado una transformación en sus vidas. Hoy marchan juntas, con más determinación que miedo. 

“Es bello y poderoso ver el crecimiento que ha tenido mi mamá. Verla aspirando a ser parte de la Junta Escolar, verla dando discursos sin miedo frente a la comunidad”, afirma Vázquez.

Miguel Andrade llegó a Juntos en 2008 luego de que su madre le mostró un anuncio publicado por AL DÍA en el que la organización convocaba a jóvenes latinos a participar en un taller de producción audiovisual auspiciado por el Media Mobilizing Project. Andrade hoy es el director de comunicaciones del colectivo.

Carolina Torres es gerente de la oficina y asistente de proyectos. Llegó como voluntaria hace casi dos años. Y aunque es la más nueva del equipo, conoce las luchas de comunidades vulnerables como la inmigrante en Filadelfia. 

Para ella, Juntos “no sería lo que es hoy si no fuera porque la comunidad nos proporciona retroalimentación, porque hace presencia en este espacio y porque nos ven como un santuario”. Esa es quizá la mejor definición de la palabra confianza.

Aunque el tiempo ha pasado, la lucha sigue siendo la misma: una reforma migratoria que le reconozca los derechos adquiridos a millones de inmigrantes indocumentados que hoy viven la peor de las incertidumbres con un gobierno decidido a sacarlos del país.

Mientras haya una agenda anti-inmigrante, habrá Juntos para rato.