El 7 de enero de 2020, Puerto Rico fue testigo de un fatal terremoto de magnitud 6,4 que se cobró la vida de puertorriqueños y dejó muchos heridos. 

Otro terremoto catastrófico ocurrió en la isla el 2 de mayo, con una magnitud de 5,4, dejando Tallaboa, un suburbio de Ponce, en ruinas.

Estos terremotos obligaron a cerca de 7.500 residentes a abandonar sus hogares y fueron ubicados en refugios y tiendas de campaña.

Dos años después, la isla está recibiendo asistencia legal para solicitar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que puedan volver a ponerse de pie.

La Corporación de Servicios Legales, una iniciativa que se puso en marcha en 1974 para que los residentes recibieran asistencia legal civil, declaró que concederá 38 millones de dólares en subvenciones a 19 organizaciones de asistencia legal civil en regiones afectadas por desastres naturales, como huracanes, inundaciones y terremotos.

Servicios Legales de Puerto Rico, una rama dentro de la Corporación de Servicios Legales, recibirá $882,140 de los $38 millones para dar a los residentes de bajos ingresos que viven en el suroeste de la isla.

"Las personas de bajos ingresos que se enfrentan a problemas legales civiles tras los desastres naturales se enfrentan a una dura batalla, y no deberían tener que hacerlo solos", dijo el presidente de LSC, Ronald S. Flagg. "Estamos agradecidos de que el Congreso reconozca la necesidad de asistencia legal en estas comunidades en recuperación y proporcione esta financiación que ayudará a nuestros vecinos a reparar y permanecer en sus hogares, obtener documentos de identificación clave, solicitar beneficios y mucho más." 

Puerto Rico utilizará las subvenciones para recibir asesoramiento y representación legal con el fin de restaurar los hogares y otras propiedades que fueron dañadas por los desastres naturales.

Otras partes de América que están recibiendo ayuda de esta organización son Oregón, que se ha visto afectada por los incendios forestales; California, que también ha recibido una gran cantidad de incendios forestales; y Luisiana, un estado que quedó destruido en 2020 por los huracanes Delta, Laura e Ida.

Los miembros del Congreso fueron recibidos con elogios positivos por el nuevo impulso financiero para los estados y territorios necesitados.

"A medida que nuestra comunidad lucha para recuperarse del huracán Ida, COVID y otros desafíos, es importante que nuestro propio gobierno no victimice a sus ciudadanos a través de la burocracia, los bloqueos legales y simplemente no responder", dijo el representante Garret Graves (LA-6). 

"Legal Services Corporation ha ayudado a muchos de los necesitados a navegar a través de la burocracia legal para obtener la ayuda que necesitan. Esta financiación proporcionará los recursos para que los abogados ayuden con las apelaciones de FEMA, las reclamaciones de seguros y muchos otros desafíos", continuó.

Puerto Rico no es ajeno a las catástrofes naturales. La isla todavía se está recuperando de la destrucción provocada por el huracán Irma, seguido por el huracán María el mes siguiente. La tormenta de categoría cinco demolió la mayor parte del Caribe en 2017. 

María provocó 2.981 muertes en Puerto Rico y unos 9.990 millones de dólares en destrucción.