Son muchas las leyendas urbanas que ya existen en torno de las nuevas tecnologías: el de la obsolescencia programada es uno de ellos. Según la leyenda, los aparatos tecnológicos vienen programados ya para empezar a fallar a partir de cierto tiempo de uso.

Hay otra leyenda más preocupante: las grandes tecnológicas usan los aparatos que producen para espiarnos. Pues de eso trata un nuevo episodio que acaba de ocurrir, pero esta vez con tintes judiciales.

Resulta que Apple acordó pagar US$95 millones de dólares para resolver una demanda que acusaba a su asistente digital Siri de escuchar conversaciones privadas de los usuarios. El acuerdo propuesto, detallado en un documento judicial revelado por diferentes medios, incluye la firme posición de Apple de que no cometió ninguna irregularidad.

“Apple ha negado y sigue negando cualquier conducta indebida o responsabilidad,” señala el documento del acuerdo, que requiere la aprobación de un juez para ser finalizado.

La demanda colectiva, presentada hace cinco años, acusaba a Siri de escuchar conversaciones privadas de personas que usaban iPhones, iPads, HomePods u otros dispositivos de Apple equipados con el asistente digital.

La compañía tecnológica, con sede en California, ha hecho de la privacidad del usuario una parte fundamental de su imagen de marca y una de las razones por las que controla estrictamente su “ecología” de hardware y software. Sin embargo, este caso pone en tela de juicio cuán coherente es Apple con su discurso de protección de la privacidad.

El caso ha generado amplio debate sobre la confianza que los usuarios depositan en las tecnologías que utilizan diariamente. Para muchos, la posibilidad de que conversaciones privadas sean grabadas sin consentimiento representa una traición a esa confianza.

Según la demanda, las conversaciones captadas por “activaciones no intencionadas de Siri” fueron obtenidas por Apple y posiblemente compartidas con terceros. Aunque Apple ha negado haber usado estas grabaciones de manera indebida, la sola idea de que esto ocurra genera inquietud entre los usuarios.

El fondo de liquidación propuesto de 95 millones de dólares se utilizaría para pagar no más de 20 dólares por dispositivo Siri a los propietarios en Estados Unidos cuyas conversaciones privadas fueron capturadas sin su permiso, según indicó el acuerdo. Además, el acuerdo requiere que Apple confirme que ha eliminado cualquier conversación captada de manera inadvertida y que clarifique las opciones del usuario en cuanto a los datos de voz recopilados para mejorar Siri.

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, según informó la Agencia AFP.

El caso de Apple no es el único ejemplo de tecnologías en conflicto con la privacidad de los usuarios. En 2023, Amazon acordó pagar más de 30 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos para resolver litigios que acusaban a la empresa de violar la privacidad con sus cámaras Ring y su asistente digital Alexa.

Este episodio también subraya la necesidad de que los usuarios sean más conscientes de las implicaciones de utilizar dispositivos conectados. Mientras que las empresas tecnológicas como Apple y Amazon prometen seguridad y privacidad, los incidentes recurrentes plantean preguntas sobre cuán protegidos están realmente los datos personales de los usuarios.

Algunos expertos en privacidad sugieren que los consumidores deberían leer con más atención las políticas de privacidad y considerar desactivar funciones que no sean esenciales, como los asistentes digitales, si tienen preocupaciones sobre el uso de sus datos.

El acuerdo entre Apple y los demandantes también podría tener un impacto a largo plazo en cómo se desarrollan y regulan los dispositivos conectados. Los reguladores podrían usar este caso como referencia para exigir más transparencia y rendición de cuentas a las empresas tecnológicas.

Por ahora, este caso es un recordatorio de que, en la era digital, la privacidad sigue siendo un tema delicado y en constante evolución. Mientras que las empresas buscan innovar, los consumidores deben mantenerse informados y exigir que sus derechos sean respetados.

Con información de AFP.