Son las 9 de la mañana en El Fuerte, en el norte de Sinaloa, México, pero Mirna Medina Quiñonez lleva ya rato recorriendo los cerros secos utilizando su corazón como brújula. La oigo caminar con paso seguro y gritarle a los otros buscadores: “No, váyanse para allá”, “¡Apúrense, vamos!”. A ratos la cobertura se pierde. ¿Mirna? Mirna, ¿estás ahí? Y su voz vuelve, enérgica y jadeante. Hoy es viernes, jornada de exploración: un grupo de las Rastreadoras del Fuerte, las más de 300 familias que buscan a sus hijos desaparecidos en los montes, caminos y roquedales, ha salido a mapear el terreno. 

En los seis años que estas mujeres y hombres llevan rastreando la espesura  han encontrado unos 207 “tesoros” -así los llaman-. Más de la mitad son familiares de miembros de la organización, el resto son los esposos, hermanos e hijos de otras personas que, al recuperar su tesoro y poder llorarlo y darle sepultura, deciden unirse para ayudar a otras familias.

“En algún momento nos llamaron las locas de la pala, porque salíamos sin rumbo fijo para ver si encontrábamos algo. Metíamos un palo de escoba con pico, pero luego empleamos varillas que son más prácticas”, me explica. 

Mirna Medina es la presidenta de las Rastreadoras del Fuerte. Fundó la agrupación el 14 de julio de 2014, tras ser testigo de cómo las autoridades mexicanas se lavaban las manos en la búsqueda de su hijo Roberto, de 21 años.

“Cuando desapareció mi hijo, acudí a las autoridades para preguntar dónde estaban buscando, pero ellos me dijeron que solamente investigaban. Así que le hice la promesa a mi hijo que iba a buscar hasta encontrarlo ante la indolencia de un gobierno que ni quería reconocer las desapariciones, ni mucho menos buscar. A la semana de hacer el grupo, un 20 de julio, encontramos las primeras fosas en el monte. Así nos nació la idea de seguir saliendo a buscar”, cuenta la rastreadora, que encontró a su “tesoro” en 2017, pero eso no la frenó para continuar ayudando a otras familias y luchando para darle al gobierno “cachetada de guante blanco” y que asumiera su parte de responsabilidad. 

Las Rastreadoras consiguieron que el gobierno de Sinaloa crease un laboratorio de genética para identificar los cuerpos. 

“Hubo un momento en que organizamos una manifestación y les enseñamos carpetas de desaparecidos que ellos tenían olvidados en el estado de Sinaloa”, dice. “Hemos obtenido una Ley de Desaparición Forzada en 2017 en la que se indica que las familias deben trabajar y ser tomadas en cuenta, y también una Comisión Nacional de Búsqueda con comisiones locales que apoyan a los grupos que buscan tesoros desaparecidos. La familia debe estar presente siempre porque quién mejor que una madre o una esposa para buscar con el corazón”.

Actualmente, el gobierno de Sinaloa dispone de un laboratorio de genética para identificar los cuerpos que estas rastreadoras encuentran. Ellas cavan hasta desenterrarlos, a veces con la ayuda de radares, pero lo más importante, asegura Mirna, es la intuición. 

“El 70% de los cuerpos que hemos localizado es porque alguien nos señala que vio algo raro, una camioneta o tierra removida. Entonces allá vamos los miércoles y domingos, a rastrear con esa pala, el machete, el pico y con mucho amor”, sostiene esta madre para quien todas las búsquedas, aun en las que vuelven con las manos vacías, son positivas porque pueden descartar una zona. 

El laboratorio de genética es una parte fundamental del trabajo, así como la coordinación con las autoridades que han tenido que “voltear” para verlas. “Se han entregado a las familias por identificación genética más de 150 cuerpos y esto es muy importante, porque no basta con que los tengan apilados como pasa en otros estados”, afirma. 

Desde 1964, cuando empezó la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, México ha registrado alrededor de 178 mil desapariciones, de las que más de 75 mil siguen sin estar resueltas. Así lo anunció la Secretaría de Gobernación en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebró ayer 30 de agosto con la petición del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México para la creación de una nueva ley que se centre en la búsqueda de las personas desaparecidas, tanto fallecidas como, sobre todo, vivas. 

“Exigimos que la identificación de personas fallecidas sea una prioridad para las autoridades del actual gobierno, sin embargo, también consideramos que debe tener el mismo nivel de importancia la búsqueda en vida”, declaró el Movimiento.

Por este motivo, piden al gobierno de López Obrador la identificación de más de 37 mil personas que se encuentran todavía en morgues, semefos y panteones sin identificar. 

La mayoría de las 75 mil personas que siguen desaparecidas en México son jóvenes de entre 15 y 35 años.

Una tarea enorme que debe ir unida a un impulso más enérgico a la investigación -con cual López Obrador parece comprometido-, máxime si se tiene en cuenta que existen casi 4 mil fosas clandestinas en todo el país y la mayoría se ubican en los estados de Veracruz, Colima, Guerrero, Sonora y Sinaloa.

Las víctimas son sobre todo personas jóvenes de entre 15 y 35 años. Pero, ¿quiénes son los culpables de estas muertes y por qué?

“Es muy importante que hablemos de contextos”, sostiene Mirna Medina. “En la zona norte de Sinaloa la mayoría de los desaparecidos son jóvenes y los responsables son los grupos de la delincuencia organizada, porque hay una lucha de poderes y se trata, como en el Viejo Oeste, de la ley del más fuerte. Aquí en la zona norte de Sinaloa casi no hay mujeres desaparecidas -solo un 10%-, la mayoría suelen ser chicos jóvenes que consumían o vendían, pero no delincuentes. Simplemente, estaban en el lugar equivocado”.

Para la rastreadora es esencial que las autoridades estudien el contexto de las desapariciones a nivel nacional -si se han producido, como sucede en Juárez, fruto de los feminicios, del abuso sexual, o bien de la trata de personas-. Esa sería la forma de señalar a los culpables y poder evitar que siga ocurriendo. 

Esta semana el presidente mexicano presentará una iniciativa al Senado para que Naciones Unidas pueda investigar las desapariciones en el país latinoamericano, algo que habían rechazado los ejecutivos anteriores.

De aprobarse este instrumento, las víctimas tendrán “un canal adicional para acceder a la justicia en el ámbito internacional”, expresó en un comunicado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). También se instó a los jueces a “garantizar los derechos” de los desaparecidos y sus familiares, ya que son “la última esperanza en el ámbito interno ante los abusos y la negligencia de otras autoridades”, señaló su representante, Jesús Peña. 

Este podría ser un momento histórico para México y para quienes, como Mirna Medina y las Rastreadoras del Fuerte, buscan sin aliento a sus “tesoros” trágicamente perdidos y sepultados en algún lugar de un país que arrastra desde hace años una situación de extrema violencia.