Human Right Watchs, HRW, presentó un informe en el que fueron recolectados testimonios y pruebas que indicarían que miles de personas, señaladas equivocadamente como “terroristas”, habrían sido ejecutadas de manera extrajudicial disfrazándolos, además, como muertos en tiroteos con las fuerzas de la ley en Egipto.

Según la información entregada por HRW, este caso de “falsos positivos” habría cobrado la vida de al menos 6.402 jóvenes a manos de militares. Con la excusa de la lucha antiterrorista, se habrían llevado a cabo estos asesinatos selectivos, los cuales fueron reportados como cruces de disparos, donde en realidad se comprobó que las víctimas no representaban un peligro real para las fuerzas armadas y en muchas ocasiones ya estaban bajo custodia. 

Entre los casos que más llamaron la atención de HRW, por las evidentes señales de abuso de autoridad e irregularidades reportadas en los procesos de detención, se encuentran 14 personas que habrían sido asesinadas luego de que un agente de seguridad resultara herido. Familiares de las víctimas denunciaron enfáticamente que sus seres queridos fueron detenidos de manera ilegal y forzosa, fueron torturados y, al mismo tiempo, sus familias fueron amenazadas cuando intentaron hallar respuestas. 

De acuerdo con los datos encontrados, el ministerio de Interior reportó que, entre enero de 2015 y diciembre de 2020, habrían muerto cerca de 755 personas involucradas en 143 “tiroteos”. Solo un sospechoso fue detenido. Para la ONG estas acciones no tienen sustento y se realizaban de manera normalizada y siguiendo un mismo patrón: hombres pertenecientes a la organización islamista Hermanos Musulmanes habrían abierto fuego contra los agentes de la ley, quienes se habrían visto obligados a defenderse causando la muerte de los “terroristas”.

HRW aprovechó la presentación del informe para llamar la atención de aquellos países que, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, apoyan al gobierno egipcio. Los invitó a tener en cuenta esta información y aplicar sanciones ejemplares contra las entidades gubernamentales egipcias involucradas en estos hechos, así como a suspender inmediatamente la venta de armas y las operaciones militares conjuntas.

El informe señala que los “falsos positivos” se dieron especialmente luego de que el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, sugiriera, luego del asesinato del fiscal general en 2015, que los tribunales no eran suficientes para la lucha contra la amenaza islámica en su país. 

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