La pesadilla se repite diariamente para las personas de género no normativo en Panamá desde el pasado 1 de abril, cuando el Gobierno ordenó que hombres y mujeres saliesen a la calle en días alternos para reducir los contagios por COVID-19.

Un hombre transgénero vestido con sus ropas masculinas y su vello facial sale al supermercado, al banco o a comprar a una farmacia en día lunes y todas las miradas femeninas recaen sobre él. ¿Qué hace aquí? ¿Que no sabe que solo pueden salir mujeres los lunes, miércoles y viernes? Si por el contrario decide ignorar la ley, que dicta que las personas transgénero deben cumplir la cuarentena siguiendo el sexo que figura en su documento de identidad, y camina por la calle un martes, jueves o sábado, será arrestados. 

En esta diatriba se encuentran las personas trans durante la crisis sanitaria. 

Al final solo queda el aislamiento, la vulnerabilidad extrema, mil y un obstáculos para llenar la despensa y la sensación permanente de que deben salir del país lo antes posible a menos que el gobierno reconozca de una vez la diversidad sexual como parte de la realidad de Panamá. A menos, también, que una gran parte de la ciudadanía deje ver la diferencia como una amenaza. ¿Qué hacer cuando unx se enfrenta a una doble pandemia?

Luchar. 

“La pandemia ha resaltado las desigualdades existentes aún más”, dice a El País Pau González, un activista transgénero de 35 años que tuvo que viajar a Colombia para hacer su transición y que si bien no ha conseguido todavía cambiar su opción de género en su documento de identidad, sí ha podido modificar su nombre -fue el primer hombre trans en Panamá en conseguirlo.

Para González la pandemia de COVID-19 ha traído algo positivo, así lo ve. La posibilidad de poder emplear la cuarentena para visibilizar las luchas de la comunidad trans en Panamá. 

“Cuando pusieron la norma, me sentí muy mal, muy triste, me encerré, me puse a llorar”, recuerda González, quien trabaja en una empresa de bienes raíces. “Los abogados nos recomendaron cumplir la ley, pero desde el 1 de abril se llevaron presa a una chica trans que salió de acuerdo a su identidad y detuvieron a otro chico trans. No lo llevaron preso porque estaba saliendo de acuerdo a la cédula, pero no le dejaron entrar al supermercado a comprar alimentos. El policía le dijo que lucía hombre y que no entendía”.

Auspiciado por las Organizaciones de derechos humanos que denuncian la detención de personas trans por parte de la policía bajo la acusación de violar la cuarentena, Pau González empezó a elaborar un informe con los casos de discriminación que se había producido desde el primero de abril y los envió al Gobierno. También intentó concienciar a los dueños de supermercados, cuyos empleados estaban discriminando a las personas trans e impidiendo su entrada en las tiendas. 

“Logramos hacer dos talleres virtuales para todo el personal administrativo (de esas tiendas) de por qué no deberían discriminar. Involucré a la Defensoría del Pueblo, a un abogado aliado y dimos estas capacitaciones”, afirma. 

Tras cuatro años luchando por los derechos de las personas trans y la creación junto a otros activistas de la organización Hombres Trans Panamá, González sabe que el camino por la igualdad será largo, pero va a seguir exigiendo que se reconozca legalmente la diversidad sexual. 

“La ley ahora mismo en Panamá establece que para poder hacer ese cambio tienes que pasar por un médico forense que te haga un examen físico que determine cuál es tu sexo. Esto va en contra de la dignidad humana. Es un trato humillante, denigrante y tirando a la tortura”, sostiene.

“Hasta hoy todavía no podemos hacer el cambio de marcador y con las salidas binarias de la cuarentena todo es mucho más difícil. Ya casi voy para tres años de transición y a mí la gente me trata de él”, añade el panameño, que advierte que, aunque en las últimas semanas las medidas de cuarentena selectiva se han relajado, podría haber nuevas detenciones y hostigamiento. 

Al comienzo de la pandemia, organizaciones como Human Rights Watch enviaron una carta abierta al presidente Cortizo y un informe posterior. Finalmente, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá se comprometió el pasado julio a evitar cualquier tipo de discriminación contra la población LGTBI y el Gobierno denunció la transfobia, asegurando que Panamá respeta “la diversidad de identidad y de expresión”, y se instó a las entidades públicas y privadas a poner fin a la discriminación. 

Sin embargo, un cambio de conciencia global necesita de unas leyes que lo amparen. Palabras no, hechos.