La ley aprobada este martes por el gobernador republicano de Arkansas prohíbe el aborto incluso en casos de violación o incesto. La única excepción que permite la interrupción de un embarazo será si fuera necesario para  "salvar la vida de la madre durante una emergencia médica", anunció Asa Hutchinson, haciendo referencia sus convicciones provida y condervadoras. 

La intención de esta ley es presionar a la Corte Suprema de Estados Unidos para que revise y finalmente revoque el fallo que en 1973 extendió  el derecho al aborto en todo el país. 

El ala conservadora de la política estadounidense está convencida que, luego de los tres nombramientos que hizo Donald Trump antes de dejar la Casa Blanca, la corte estaría abierta a revocar la despenalización del aborto, "el propósito de esta ley es preparar el terreno para que la Corte Suprema revoque la jurisprudencia actual", afirmó el gobernador de Arkansas en un comunicado. 

Los conservadores "debemos abolir el aborto en esta nación tal como abolimos la esclavitud en el siglo XIX, todas las vidas importan", dijo el republicano Jason Rapert, patrocinador del proyecto de ley. 

Por su parte, el gobernador de Carolina del Sur promulgó el mes pasado otra prohibición radical del aborto, pero fue bloqueada por un juez federal debido a un recurso de Planned Parenthood. Alabama también promulgaba una prohibición casi total de los abortos en 2019 que ha sido bloqueada debido a las impugnaciones judiciales.

De llegar a la Corte suprema, este cambio en la ley  permitiría a cada estado hacer su voluntad y aumentaría aún más las desigualdades territoriales.

La posición ciudadana frente a la noticia está polarizada y el respaldo a la nueva ley es fuerte, especialmente en los círculos religiosos. Durante los últimos 20 años, los estados del sur y el centro del país, históticamente territorios conservadores y religiosos, han aumentado leyes restrictivas sobre el aborto, por ejemplo, imponiendo un ancho para los pasillos que conducen a los quirófanos, obligando a muchas clínicas a cerrar sus puertas. 

Del lado opuesto, Planned Parenthood se posicionó a traves de un comunicado en el que enfatizó que "esta es la política en su peor momento. En un momento en que la gente necesita ayuda económica y precauciones básicas de seguridad, desmantelar el acceso al aborto es cruel, peligroso y descaradamente injusto”, dijo Alexis McGill Johnson, presidente de la organización.

La legislación no entraría en vigor hasta 90 días después de que la legislatura local suspenda la sesión de este año, lo que se traduce en que no se puede hacer cumplir hasta este verano como muy pronto.