El martes 2 de marzo, 36 personas transgénero anteriormente detenidas enviaron una carta al presidente Joe Biden, en la que le piden que libere inmediatamente a todos los inmigrantes transgénero de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, citando un historial de trato inhumano. 

La carta fue organizada por Familia Trans Queer Liberation Movement (TQLM), un grupo de defensa de los inmigrantes con sede en Los Ángeles, y forma parte de la campaña en curso de Familia #EndTransDetention.

El grupo de activistas solicitó que el presidente Biden cumpla con el compromiso asumido en su memorando del 2 de febrero para promover los derechos LGBTQ a nivel mundial. Los activistas insisten en que estos esfuerzos "deben empezar en casa", y eso se traduce en la liberación de todas las personas transgénero actualmente bajo custodia del ICE. 

El ICE no ha comunicado públicamente cuántos inmigrantes transgénero están detenidos en la actualidad pero el grupo de antiguos detenidos conoce demasiado bien las historias de acoso, violencia, falsificación de género y transfobia.

"Cuando algunos de nosotros hemos denunciado nuestros abusos, los agentes del ICE nos han separado de la población general y nos han puesto en régimen de aislamiento. Aunque los agentes del ICE a menudo utilizan el aislamiento como una forma de mantener a las personas transgénero seguras, es un tratamiento duro e inhumano, dado que se nos deja en aislamiento, a menudo durante largos períodos de tiempo", dice la carta.

Continúa citando varios casos de abuso y negligencia que han provocado la muerte de dos detenidos transgénero, Roxsana Hernández Rodríguez y Johanna Medina León.

Hernández, una mujer trans hondureña de 33 años, llegó a Estados Unidos en busca de una vida mejor a principios de mayo de 2018. Dos semanas después de solicitar asilo, murió por deshidratación y complicaciones asociadas al VIH no tratado. 

Un encargo de autopsia independiente realizado por la familia de Hernández reveló la probabilidad de que fuera muy golpeada antes de su muerte. El ICE recibió intensas críticas por el retraso en la publicación de un informe sobre su muerte, exigido por la ley, así como por la eliminación de las imágenes de vigilancia de los últimos días de Hernández.

Andrew Free, el abogado asignado a la demanda de muerte por negligencia de Hernández, argumentó que su necesidad de atención médica era evidente, documentada y grave, también que hay registros que muestran que los funcionarios del ICE eran conscientes de estas cosas, pero decidieron trasladarla de una instalación a otra a pesar de su condición. 

"Si no se puede confiar en que el DHS cumpla con las reglas, tanto antes como después de la muerte de un migrante detenido en base a estos registros, ¿cómo se puede confiar en que el DHS continúe encarcelando a los migrantes en absoluto?" preguntó Free. 

Un año después una solicitante de asilo trans de El Salvador, Johanna Medina León, murió sólo cuatro días después de ser liberada de la custodia del ICE, donde supuestamente se le negó atención médica para el VIH. 

Ambas muertes suscitaron la indignación de todo el país y la exigencia de una reforma. 

El pasado mes de enero, 45 miembros del Congreso pidieron al ICE que pusiera en libertad a sus detenidos transgénero, afirmando que no había demostrado que mantuviera la seguridad de esta comunidad, una acusación que la agencia refutó. 

El gobierno de Biden señala una nueva era de esperanza para los defensores de los transexuales que consideraban que la administración Trump era hostil hacia los inmigrantes y la comunidad LGBTQ, especialmente los transexuales. 

En una amplia plataforma de derechos LGBTQ+ publicada durante la campaña presidencial de 2020, Biden prometió poner fin a la "detención prolongada" de los migrantes trans e invertir en "alternativas probadas a la detención y programas de gestión de casos sin fines de lucro." 

Sin embargo esta agenda no garantiza explícitamente el fin de las detenciones trans. 

Mientras tanto el gobierno de Biden ha reabierto recientemente un centro de detención en Carrizo Springs, Texas, lo que ha provocado fuertes críticas de los progresistas, que han cuestionado su compromiso con la reforma migratoria. 

En una entrevista con la publicación LGBTQ, Ellos, Isa Noyola, cofundadora de Familia TQLM, señaló que muchos países ya han establecido el tipo de políticas que su grupo busca. Por ejemplo, Noyola explicó que Canadá no considera la detención de inmigrantes como su primera respuesta cuando alguien solicita asilo o huye de la violencia. 

"La detención es un último recurso", dijo. "Aquí, en Estados Unidos, se ha retorcido tanto que lo hemos normalizado. Creemos que los sistemas de detención son normales".

Independientemente de cómo responda el gobierno de Biden a su campaña, Noyola dijo que Familia TQLM seguirá presionando por la libertad de todos los inmigrantes detenidos que son sometidos rutinariamente a una violencia deshumanizante.

"Esta campaña es un llamamiento más amplio para comprender que los sistemas de detención -y especialmente el hecho de lucrarse con la detención- son perjudiciales para todos. Pone en tela de juicio nuestra humanidad en su conjunto", explicó Noyola.