Líderes demócratas y republicanos del Congreso de EE.UU. anunciaron hoy que alcanzaron un acuerdo sobre el plan de estímulo económico, que supondrá el desembolso de 789.000 millones de dólares y que podría ser votado incluso mañana.

Tras una ronda de intensas negociaciones, los líderes de ambas cámaras del Congreso lograron "cerrar las diferencias" y alcanzar un acuerdo que "es fiel" a las metas de crear millones de empleos, dijo el líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid.

El proyecto final del plan "crea más puestos de trabajo que en la versión del Senado y gasta menos dinero que en la del Congreso", afirmó Reid.

El senador hizo el anuncio durante una rueda de prensa, acompañado de nueve legisladores de ambas cámaras del Congreso que desde la noche del martes han trabajado contrarreloj para armonizar las dos versiones del plan de estímulo económico.

Bajo el acuerdo pactado hoy, el plan de estímulo económico prevé la creación de 3,5 millones de empleos y más de una tercera parte en recortes tributarios para la clase media, explicó la senadora republicana Susan Collins.

Para Collins, el acuerdo fomentará un "equilibrio" económico y cada cláusula incluida finalmente en el plan estará destinada "a la creación de empleos".

El texto final del plan de estímulo será sometido a votación en ambas cámaras del Legislativo "en los próximos días, posiblemente mañana", declaró Reid.

Por su parte, el demócrata Daniel Inouye instó a sus colegas a que lo aprueben con celeridad, al indicar que no tienen "tiempo que perder".

La versión que aprobó el Senado era de 838.000 millones de dólares, en tanto que la que avaló la Cámara de Representantes el pasado 28 de enero, sin ningún apoyo republicano, fue de 819.000 millones de dólares.

Así, el acuerdo alcanzado hoy supone un proyecto de ley mucho menos ambicioso, incluso, que el monto original de 900.000 millones de dólares que sopesó al inicio del debate la cámara alta.

Las principales diferencias entre las dos versiones yacían en la formulación de los recortes tributarios y de gastos fiscales para proyectos de infraestructura, programas sociales y ayudas para los gobiernos estatales.