Los esposos José Mendoza y Brenda Marín esperaban lo imposible. No concebían otra forma de llegar ante el juez de migración, en Denver, Colorado, que esperando que "algo" detuviera la deportación definitiva de José, de 31 años, pese a los malos augurios.

Pero el 26 de julio pasado, el juez no sólo suspendió la deportación; también le permitió aplicar por asilo. "No es seguro, pero puedo solicitarlo, y me fijaron la próxima audiencia hasta el 28 de marzo de 2012", dijo a AL DÍA Mendoza, quien también podrá solicitar un permiso de trabajo.

La abogada consiguió persuadir al juez de que Chihuahua, estado fronterizo con Estados Unidos (EE.UU.) de donde es José, era un destino demasiado violento y peligroso para un deportado y su familia. "Le dijo que estaban matando mucha gente inocente allá", relata Marín, de 27, todavía sorprendida.

Hace una semana, no admitían tener plan alguno para mudarse a México, como si hasta pensarlo era invocar la deportación. El juez parece haberles dado la razón.

Si Mendoza consigue asilo y trabajo, saldrían del limbo en que estuvieron desde diciembre de 2006, cuando él fue uno de los 128 mexicanos detenidos durante una redada en una planta empacadora de carne en Greeley, Colorado, donde también capturaron a otros 133 indocumentados.

Además, podrían seguir descartando ir a Chihuahua, de donde Mendoza salió hace 14 años huyendo del desempleo. Ni él, ni su esposa saben en qué hubieran trabajado allá. Su especialidad, la construcción, sólo ocupa al 7 por ciento de la población asalariada en México, por un lado. Por otro, en mayo pasado, Chihuahua tenía el mayor índice de desempleo en el país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y una tasa de homicidios (47 por cada 100 mil habitantes) que en 2009 superaba la de Colombia, de acuerdo con el Centro para la Investigación y el Desarrollo de México.

La pareja cree que este es parte del milagro que esperaban.

Inicio del limbo

En diciembre de 2006, Mendoza no estuvo entre los 17 mexicanos liberados bajo fianza el día de la redada, ni entre los 92 inmediatamente repatriados a México. Estaba entre los 13 enviados al Centro de Detención Migratoria en Aurora, Colorado, según cifras de la agregada de prensa del Consulado de México en Denver,  Adriana Valdés. Estuvo detenido un mes, y Martín pasó la Navidad con su hija de 7 años en el sótano de una casa, un apartamento que rentaban con Mendoza hacía casi un año. La niña, hija del primer matrimonio de ella, fue la compañera del viaje indocumentado de Brenda desde Durango—de donde huyó para alejarse de un esposo que le pegaba—hasta Greeley.

Al pagar el enganche de una fianza de $10 mil, Mendoza salió libre. Un tío de Brenda empeñó su casa para prestarles el dinero. Pero no podían moverse de Colorado para buscar empleo en otro estado. Esa era la jurisdicción legal del caso donde el empleo para indocumentados escaseó luego de la redada. Irse implicaba perder el dinero de la fianza, y hasta la casa del tío de Brenda. Así comenzó la espera de tres años y medio para la audiencia de deportación.

José no trabajó durante siete meses para no exponerse. Brenda, que ya esperaba la primera hija de ambos, trabajó por los dos, indocumentada. "Trabajaba cuatro horas y media por el embarazo, a $7 la hora, y lograba reunir $300 quincenalmente", recuerda. Así pagaban la renta mensual de $400.

Recibían alimentos de un centro de ayuda abierto después de la redada con financiamiento de una iglesia presbiteriana de Greeley. Lo fundó Ricardo Romero, un activista de origen mexicano nacido en EE.UU., quien también ayuda a otras 14 familias mexicanas, 5 guatemaltecas y 2 salvadoreñas, afectadas por la redada.

Complicaciones legales

En 2008, Brenda tuvo su segunda hija, la primera con José. Ese año lo capturaron otra vez, luego del cateo a la empresa Amalia's Tax and Translation Service, donde el fiscal Kenneth Buck decomisó documentos de unos 4.900 clientes. Buck sospechaba que varios utilizaban números de Seguro Social falsos, o de otras personas, para cobrar su sueldo. Uno de esos clientes era José.

Sin embargo, José salió libre sin fianza porque ya tenía una acusación por ingresar ilegalmente a EE.UU., por la captura de dos años antes. Entonces, consiguió algunas horas de trabajo en construcción, a $11 por hora.

El empleo, aún en esas circunstancias, llegó a tiempo. En 2009 Brenda quedó embarazada de su tercera hija, y dejó de trabajar para cuidar a sus niñas. Sólo salía cuando iba al control prenatal y repartía víveres gratis, como voluntaria, en el centro de ayuda de Romero. "Nos daban comida y pañales, jabón, pasta de dientes", relata Brenda. "Ayudar era lo menos que podía hacer".

Pero sus salidas implicaban sobresaltos. "En noviembre de 2009, un policía me detuvo cuando iba a mi cita de control prenatal (casi con 9 meses de embarazo), y me dijo que si me volvía a sorprender manejando sin licencia me iba a detener y deportar", recuerda, todavía agitada.

Tuvo suerte. En Colorado, la policía no puede detener indocumentados, aunque puede llamar a autoridades migratorias si sospecha que alguien está en el país ilegalmente. Brenda lo está y por eso no puede conseguir una licencia de conducir.

Opciones escasas

La familia nunca pensó en viajar a México pese a su situación. "Somos muy unidos, aun con el primer hijo de mi esposo (el niño y su madre son estadounidenses)", explica Brenda. "Al irnos con las niñas, se perdería la comunicación; además, no podríamos darles un mejor futuro".

Hasta el domingo pasado, ese futuro era incierto. Según Brenda, a su hija mayor le va bien en la escuela, pero tiene casi 4 de sus 11 años de vida de ser indocumentada. Sus dos hijas menores tienen un acta de nacimiento de ciudadanas estadounidenses, pero no tienen pasaportes estadounidenses ni mexicanos, igual que la mayor. "No nos alcanza para eso", se resigna Brenda.

Y es que la vida les dio un vuelco para mal con la redada de 2006. "Vivíamos bien con el sueldo de mi esposo en la empacadora, pero todo cambió", recuerda. Ahora viven en un tráiler rentado por $350 mensuales, y las cuentas a veces se acumulan. Todavía le deben $250 a la abogada por a audiencia del 26 de julio; podrán pagarle hasta el 30.

En mayo, José no trabajaba ni ganaba la semana completa, por el clima. Julio no ha sido mejor. Por eso, regresar a Chihuahua significa salir de ésto para caer en algo peor. La perspectiva de un posible asilo y trabajo permanente y legal para José cambiaría todo, al menos por el siguiente año y 8 meses.

Nuevas esperanzas

El caso de José parece una señal de que los jueces de migración están esperando a ver qué sucede con las leyes de migración a nivel federal, según Romero. El activista asegura que hay algunos casos similares. La esperanza se ha renovado.

Mientras tanto, Romero debió racionar la donación de alimentos, porque el financiamiento se redujo después de tres años y medio. El activista reanudará la donación en noviembre, cuando los inmigrantes necesitan más ayuda porque escasea el trabajo en construcción y agricultura debido al invierno. Y Brenda le seguirá ayudando.

"Mucha gente decía que las cosas no se arreglarían, pero Dios me respondió", dijo Brenda a AL DÍA, refiriéndose a cómo parecen estar saliendo del limbo en Greeley, y evadiendo un futuro opaco en Chihuahua. Habla rápido, sonríe; hay algarabía en su casa por la noticia. Los vecinos—en similar situación—quieren saberlo todo, y sus padres, a quien no ve desde hace cinco años, han preguntado por teléfono desde Durango, México ¿Qué pasó en la audiencia? Y lo que pasó, asegura, fue un milagro.