Organizaciones bolivianas de periodistas, dueños de diarios y radios alertaron hoy de los riesgos para la libertad de expresión que existen en algunas de las nuevas leyes promulgadas en el último mes por el presidente Evo Morales.

En un comunicado difundido hoy, cuatro asociaciones pidieron al órgano legislativo "la urgente derogatoria" de tres artículos y la modificación de una sección de la nueva Ley del Régimen Electoral "por ser manifiestamente violatorias" de la Constitución y los convenios suscritos por el país en materia de libertad de expresión.

También solicitaron al Defensor del Pueblo que presente una demanda de inconstitucionalidad contra esa norma, que fue promulgada hace tres semanas.

La nota está firmada por los presidentes de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los dueños y directores de diarios bolivianos, de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación Boliviana de Radiodifusoras y la Asociación de Periodistas de La Paz.

Estas entidades también rechazaron que los gobiernos autónomos departamentales elaboren normas que regulen la libertad de prensa y ratificaron que "la única ley que reconocen para el sector periodístico es la Ley de Imprenta de 1925".

Exigieron que los estatutos de las instituciones autónomas reconocidas en la nueva Ley Marco de Autonomías promulgada la semana pasada garanticen "plenamente la irrestricta libertad de prensa y expresión".

Las cuatro organizaciones expresaron, además, "su profunda preocupación y rechazo a las políticas de amedrentamiento y atemorización a la prensa y los periodistas ejecutadas desde diversos sectores del poder porque violan la libertad de expresión al generar una tendencia a la autocensura".

Cuando se promulgó la Ley del Régimen Electoral, la ANP cuestionó la prohibición que establece esa norma para candidatos al órgano judicial, que en diciembre serán electos en las urnas, de dar entrevistas a medios de comunicación, una decisión que "viola el derecho a expresarse libremente".

También ha criticado la restricción para la difusión de cualquier contenido propagandístico, informativo o de opinión que, según la norma, "pueda favorecer o perjudicar a una organización política o candidatura" 48 horas antes de los comicios y hasta las 18.00 (22.00 GMT) hora local de la jornada electoral.

El oficialismo replicó entonces que los propietarios de los medios no deben confundir "intereses con derechos" y aseguró que la libertad de prensa e información están garantizadas.