Familiares
de desaparecidos durante la
dictadura militar de Brasil (1964-1985) acusaron el jueves al Gobierno de
ese país de obstaculizar las investigaciones de esos casos y
pidieron en un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CorteIDH) que condene al Estado brasileño.

La audiencia
de dos días por el caso conocido como Gomes Lund
(Guerrilla de Araguaia) contra Brasil, se refiere a la supuesta
desaparición forzada de 70 personas ocurrida entre 1972 y 1975 en el
marco de una operación que buscaba erradicar la guerrilla de
Araguaia, en el estado de Pará, durante la dictadura militar.

Laura
Petit da Silva, Criméia Schmidt y Elizabeth Silveira,
quienes son familiares de personas desaparecidas, afirmaron hoy a
los jueces de la CorteIDH que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da
Silva ha retrasado las investigaciones ordenadas en una sentencia de
2003 por un tribunal brasileño para encontrar a sus parientes.

Según
los familiares, tras esa sentencia el Estado ha interpuesto
diversos recursos de apelación para impedir su ejecución, y se ha
limitado a crear en 2009 una comisión de búsqueda que no ha rendido
resultados satisfactorios para las víctimas.

Petit, que reportó
tres hermanos desaparecidos, aseguró en su
declaración que "aún hoy la población siente la represión de la
dictadura" y afirmó que agentes involucrados en este caso ostentan
"cargos importantes" del Gobierno.

Comentó que espera que el
presidente Lula "intervenga" para que
se haga justicia, pero aclaró que es difícil, porque "él todavía se
siente atado a sus aliados que son representantes de la dictadura y
que tienen cargos importantes en el Gobierno".

"Queremos que se
responsabilice (a los culpables), saber dónde
están nuestros familiares", manifestó Petit.

Por su parte,
Schmidt, quien dice haber perdido a su esposo y
todos sus amigos por culpa de la dictadura, pidió a los jueces que
"se aclaren los hechos y se enjuicie a los responsables".

"Pido
que aquí se haga justicia y que el Estado sea condenado a
ejecutar la sentencia que se pronunció en mi país, pero que no ha
sido ejecutada", declaró.

La directora ejecutiva del Centro por
la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), Viviana Krsticevic, organización que actúa
como ente defensor de las víctimas, explicó a los periodistas que la
sentencia de 2003 ordenó al Estado abrir los archivos militares y
buscar a los desaparecidos.

Sin embargo, dijo, por gestiones de
la Procuraduría, ésta no fue
firme hasta 2007, pero el Estado aun no la ha ejecutado.

El
juicio en la Corte se inicia luego de que el pasado 29 de
abril el Supremo Tribunal Federal de Brasil se negara a revisar la
Ley de Amnistía (1979) que benefició a funcionarios estatales.

"Me
causa una profunda decepción que el máximo tribunal de mi
país legitime la impunidad", expresó Petit.

Según los
demandantes, la Ley de Amnistía es otro obstáculo para
que se investiguen las desapariciones y se castigue a los
responsables.

Uno de los objetivos de CEJIL es que la CorteIDH
declare que las
violaciones a los derechos humanos no pueden ser objeto de
amnistías, como lo ha hecho con casos anteriores de otros países.

En
la sala del juicio, que lució abarrotada, cerca de una decena
de familiares de personas desaparecidas vestían una camiseta con la
foto de sus seres queridos y una leyenda que decía: "La única lucha
que se pierde es la que se abandona".

De los 70 desaparecidos en
Araguaia, solo se han encontrado los
restos mortales de cuatro, todos gracias a los esfuerzos de sus
familiares.

La Corte escuchará entre hoy y mañana a cuatro
testigos y dos
peritos de ambas partes, así como los alegatos finales de la parte
acusadora y del Estado brasileño.

Los representantes del Estado
no hablaron con la prensa.