Abominables abusos han resultado de la delegación de
autoridad migratoria confirmó el inspector General del Departamento de
Seguridad  Nacional (DHS) en su reporte “Desempeño de los Acuerdos
287-g”.

Las “fallas” del 287-g” incluyen: Incumplimiento por parte de
autoridades locales; falta de supervisión de la DHS; detenciones y
deportaciones masivas de inmigrantes no-criminales; caso omiso de las
denuncias de abusos contra derechos civiles de los inmigrantes.

La 287-g no se enfoca en inmigrantes “que sean peligrosos para la
comunidad, existe menos seguridad de que la meta del programa 287-g con
autoridades locales se cumpla”, concluyó el Inspector General del DHS.

“Un patrullero de carreteras transportó a una víctima hacia una cárcel
para determinar el estatus migratorio de la víctima… La víctima fue
detenida…” denunció el Inspector General para ilustrar el mal uso de la
287-g.

En el 2006 los fondos destinados para financiar programas 287-g fueron
$5 millones de dólares, para este año la cifra es $68 millones, un
incremento de 13 veces en tan solo 5 años.   El número de convenios
entre DHS y departamentos de policía local se incrementaron desde 4  en
el 2005 a 66 en el 2009.

James M. Chaparro (de origen hispano), director de Detenciones y
Deportaciones del DHS, urge que ICE (Policía de Inmigración) incremente
su cuota de deportaciones de inmigrantes no-criminales.  Descontento
con la cifras proyectadas exige deportar otros 90.000 inmigrantes
no-criminales este año para llegar a la meta de 400.000.