El presidente de México, Felipe
Calderón,
afirmó este viernes que el "objetivo a largo plazo" del Gobierno "en todo el
país" debe ser el relevo del Ejército de las tareas de seguridad
pública, tal y como esta semana sucedió en Ciudad Juárez, donde tomó
el control de esta labor la Policía Federal.

Sin mencionar
tiempos para aplicar la medida, que llevan meses
pidiendo organizaciones de defensa de los derechos humanos, sostuvo
que el Ejecutivo está "propiciando una transición paulatina del
respaldo de las Fuerzas Armadas (...) hacia autoridades civiles" en
los operativos conjuntos en los estados más conflictivos del país.

"Queremos
que paulatinamente la ayuda tan valiosa e
imprescindible que prestan las Fuerzas Armadas en el combate directo
a la delincuencia, pueda ser paulatina y gradualmente trasladada
(...) a las autoridades civiles, que son las primeras responsables y
encargadas de la seguridad pública", añadió.

En una rueda de
prensa, celebrada junto al primer ministro de
Noruega, Jens Stoltenberg, quien se encuentra en visita oficial en
México, Calderón señaló que la idea es transferir responsabilidades
primero a los agentes de los estados mexicanos donde hay presencia
militar, y después a las corporaciones municipales.

Recordó que
la presencia militar en la lucha contra el crimen
organizado se ha dado en los últimos meses a petición de los poderes
civiles y tras "décadas" de desatención al aumento del narcotráfico
en México y a la lucha contra los carteles.

En el caso de Ciudad
Juárez, el relevo que se dio ayer "no
implica que el Ejército se retire de Juárez", recalcó el mandatario,
en referencia al hecho de que las fuerzas castrenses mantendrán la
vigilancia de los accesos a la urbe.

"No es la llegada de las
fuerzas federales lo que provocó la
violencia en Juárez. Es al revés. La violencia en Juárez implicó que
acudieran en auxilio de los juarenses las fuerzas federales, y en
ese proceso estamos", añadió.

Reconoció que el combate iniciado
en diciembre de 2006 poco
después de asumir la Presidencia, "va a tomar tiempo", "a costar
dinero" y "vidas humanas", pero que está comprometido a llevarlo
adelante "aplicando toda la fuerza del Estado".

Según el
mandatario, su país mantiene un índice de "11,5 muertes
por cada 100.000 habitantes", un nivel de violencia que es inferior
al "de la mayoría de los países en Latinoamérica".

Brasil tiene
12, Colombia, 36 y El Salvador, Honduras y Guatemala
"índices cuatro o cinco veces mayores al de México", recordó.

Finalmente
exhortó al Congreso de su país a discutir y en su
caso, aprobar, las iniciativas de ley sobre seguridad que presentó
en meses pasados, en particular una sobre seguridad interior que
debe definir "cuáles son las atribuciones" y "los mecanismos de
colaboración entre Fuerzas Armadas y autoridades civiles".

"Esa
ley es indispensable para que tengamos con toda claridad y
nitidez definidos los campos de participación de las policías y de
las Fuerzas Armadas", indicó.

También hizo extensivo su
llamamiento a otra iniciativa enviada
al Legislativo hace dos años que impondría la cadena perpetua a los
secuestradores que atenten contra la vida de sus víctimas y que
hasta ahora no cuenta con el respaldo del legislativo.

"Hemos
tenido avances, hemos tenido importantes capturas en el
combate a este problema, pero necesitamos un refuerzo legislativo",
aseguró.