Grupos pro
inmigrantes exigieron este lunes
cambios o poner fin a los acuerdos que permiten a agentes locales
aplicar leyes federales sobre inmigración a la luz de un informe del
Departamento de Seguridad Interior que cuestiona sus prácticas.

El
informe publicado el viernes evalúa la aplicación del programa
287(g), que delega a agentes locales y estatales la ejecución de la
legislación federal de inmigración civil y criminal.

La
inspección, basada en entrevistas con agentes y empleados,
observación directa y documentos, concluye que la agencia de
Inmigración y Aduanas (ICE) "no ha instituido controles para
promover la efectividad de las operaciones y enfrentar los riesgos
relacionados" con este programa.

En concreto, ICE "no asegura que
los recursos se dirigen a los
extranjeros que suponen el mayor riesgo para la seguridad pública y
la comunidad", indica el documento, una de las prioridades de la
agencia dictada por la Casa Blanca desde que Barack Obama es
presidente.

Sin embargo, sólo un 9 por ciento del conjunto de
detenciones
tomadas como muestra afectaban a inmigrantes con un historial
criminal catalogado como de máximo riesgo para la seguridad pública,
aquellos con cargos por delitos graves de drogas o violencia, como
asesinatos, robos o violaciones.

En cambio, la mayoría de las
detenciones entran en los dos
niveles inferiores de riesgo, que se aplican a delitos menores de
droga, fraude o lavado de dinero, o a otros tipo de ofensas.

El
documento explica casos como el de una persona víctima de un
accidente de tráfico que, sin ningún cargo ni delito, fue conducida
a un centro de detención por policías locales a la espera de que
agentes federales llegaran para determinar su estatus migratorio.

Otros
fallos detectados son la falta de comités de supervisión
periódica, la inconsistente formación de agentes y el uso de la
autorización federal para detenciones de indocumentados cuando los
acuerdos los limitan a tareas de identificación.

La directora de
Inmigración y Campañas Nacionales del Consejo
Nacional de la Raza, Clarissa Martínez De Castro, lamentó, en un
comunicado, que las conclusiones del informe corroboren las
advertencias de su organización.

Ese programa es, en su opinión,
"ineficaz, sujeto a abusos y
responsable de crear un entorno de miedo en las comunidades en todo
el país".

La solución propuesta por La Raza y otros grupos es
poner fin a
esos acuerdos que se pusieron en práctica en 2002, se ampliaron a lo
largo de 2006 y fueron revisados en julio de 2009 ante las críticas
que recibieron por su implementación.

La nueva declaración
pretendía aclarar sus objetivos con acuerdos
firmados y por escrito que definieran quiénes y cómo pueden ejecutar
a nivel local las procesos de identificación, detención y
deportación de indocumentados.

Pero el informe vuelve a movilizar
a grupos pro inmigrantes que
denuncian la persistencia de problemas de estrategia que arrastra la
ICE desde años atrás.

"Es la hora de parar de desviar recursos,
que deberían dedicarse
a luchar contra el crimen, hacia una estrategia fracasada basada en
la fantasía de que podemos deportar a nuestra manera para solucionar
un sistema de migratorio roto", aseguró Martínez.

El director
ejecutivo del Centro para el Cambio Comunitario,
Deepak Bhargava, lamentó que "no es la primera vez que una
investigación de la prácticas de esta agencia ha encontrado fallos
en la implementación y supervisión del programa 287 (g)".

"Es
alarmante la lista de deficiencias de la agencia, que
resultan en separaciones familiares, detenciones de gente buscando
amparo y pérdida de confianza con la agencia cuya responsabilidad es
mantener al país seguro", denunció.

El informe propone 33
recomendaciones a ICE, que han sido
aceptadas por la agencia, excepto la referida a proveer información
sobre las circunstancias, la raza o etnia de los detenidos durante
los arrestos.