El caos se tomó el lunes la capital de
Colombia,
Bogotá, a causa de los disturbios generados por la huelga indefinida
de más de 16.500 vehículos de transporte público de la Asociación de
Pequeños Transportadores (Apetrans), que reclama ser incluida en el
nuevo Sistema Integrado de Transporte Público.

Los principales
puntos de conflicto se concentraron en los
extremos de la ciudad, especialmente en los barrios del sur, donde
varios autobuses fueron apedreados y se registraron enfrentamientos
con la Policía, que se han resuelto hasta el momento con la
detención de 24 personas, de las que nueve han sido judicializadas.

Un
total de 2.000 policías y ocho escuadrones antidisturbios han
sido destinados a controlar la situación en los puntos más
problemáticos, confirmó un portavoz de la Alcaldía bogotana.

No obstante, hasta 250
autobuses han sufrido destrozos por los
ataques de los manifestantes, que pretendían boicotear a las
compañías que no se sumaron a la huelga, según informó el diario El
Tiempo, a falta de cifras oficiales por el momento.

"No es un
paro; es una presión que no podemos aceptar, no estamos
de acuerdo", dijo en rueda de prensa el alcalde bogotano, Samuel
Moreno, que advirtió de que "los intereses de unos pocos están
perjudicando a millones de usuarios, no podemos aceptarlo".

Moreno
consideró que los ciudadanos "quieren y anhelan un sistema
de transporte eficiente, rápido, económico, de total y de absoluta
cobertura, y no desafortunadamente la desorganización que tenemos
hoy".

Apetrans convocó el paro de cerca de sus cerca de 16.500
buses,
busetas y transportes colectivos desde las cero horas,
con el objetivo de presionar a la Alcaldía y ser incluidos en el
marco del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público (SIPT), del
que consideran que han quedado relegados.

El SIPT, que promueven
las autoridades locales, busca reorganizar
el desordenado servicio de movilización ciudadana en Bogotá (rutas,
tarifas, frecuencias, paradas, etc.), e incluye modos
complementarios de traslado como los trenes de cercanías y un futuro
metro.

Aunque los grandes empresarios de transporte público no se
sumaron a la huelga, el miedo a sufrir ataques provocó que muchos de
los vehículos de sus flotas no prestaran servicio, ante el temor a
recibir ataques por parte de manifestantes de los pequeños
empresarios, situación que agravó la parálisis de movilidad.

Así,
largas colas de ciudadanos se agolparon en las estaciones de
los autobuses Transmilenio, vehículos articulados y que transitan
por un carril especial, que quedaron saturados ante el aumento de
hasta 165.000 pasajeros, un 24% más de los niveles habituales.

Esta
situación obligó a muchos bogotanos
a optar por moverse a
pie o en bicicleta hasta sus destinos y abarrotó algunas de las
principales vías de la ciudad, en una imagen poco habitual.

Ante
tal panorama, el alcalde Moreno anunció que el gobierno
municipal ha solicitado al Ministerio de Hacienda la activación de
una póliza para cubrir los daños a vehículos afectados por las
protestas.

Además, el llamado "Pico y Placa", restricción que
prohíbe
circular dos días a la semana a vehículos particulares y taxis para
evitar la saturación en las calles de la capital, ha sido levantado
para los 60.000 taxis de la ciudad, que pueden operar como servicio
colectivo, tienen libertad de rutas y pueden recoger a varios
pasajeros a la vez.

La Alcaldía confía en que a lo largo de la
tarde del lunes se pueda
ir normalizando la situación en la capital y en los municipios
colindantes, y aunque el alcalde Moreno se mostró "abierto al
diálogo", avisó de que la aplicación del nuevo Sistema Integrado es
"irreversible".