La crisis financiera global ha
elevado en seis millones la cifra de hambrientos y desnutridos en
América Latina y el Caribe hasta llegar a un total de 53 millones de
personas en 2009, según un informe publicado el miércoles.

El documento de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), titulado "Panorama de la
seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe",
recalca que la crisis de acceso a los alimentos "persiste y se ha
profundizado" en los últimos tres años.

Según cifras de la FAO, del año 1990 al 2006 se consiguió reducir
de 53 a 45 millones las personas que pasaban hambre, pero de 2006 a
2009 se desvanecieron los avances logrados durante más de una
década.

"Éramos la única región del mundo que estaba progresando en la
reducción del hambre hasta 2005 (...)", lamentó el director de la
FAO para América Latina y el Caribe, el brasileño José Graziano,
quien aclaró que en la región no escasean los alimentos, sino las
oportunidades para acceder a ellos.

La crisis alimentaria de los últimos tres años, dijo Graziano,
puede dividirse en dos etapas: la primera, determinada por el alza
de los precios de los alimentos, y la segunda, por la crisis
financiera.

De 2006 a 2008 las personas desnutridas pasaron de 45 a 47
millones debido a un "incremento rapidísimo" de los precios de los
alimentos, que afectó, principalmente, a los más pobres.

El alza impactó en la balanza comercial alimentaria de los países
de la región, lo que originó un aumento de la inflación y redujo la
capacidad adquisitiva de los hogares.

Además, explicó Graziano, los agricultores de los países más
pobres no pudieron responder al alza de los alimentos con un aumento
de la siembra o la producción debido a que también aumentó el precio
de productos importados, como fertilizantes, plaguicidas o semillas.

En el último año, cuando los efectos de la crisis se han
agudizado, la cantidad de desnutridos en Latinoamérica ha seguido
creciendo, sobre todo a causa del aumento del desempleo y la
ausencia de programas sociales para enfrentarlo.

"Son países que no tienen protección para el desempleo como otros
países (...). No trabajar significa no comer, y afecta mucho sobre
todo a los pobres de zonas rurales", indicó el director regional de
la FAO.

Uno de los principales problemas en la región es la desnutrición
infantil, que padecen 15 millones de niños y niñas, y acarrea el
riesgo de "perder otra generación latinoamericana".

"Los niños desnutridos hasta los cinco años no se recuperan más",
dijo Graziano, quien añadió que éstos se convierten en la cadena de
transmisión de la desigualdad futura", ya que probablemente formarán
familias pobres que a su vez tendrán niños desnutridos.

Graziano afirmó que sólo Ecuador, Paraguay y Perú tienen
programas públicos para combatir la desnutrición infantil, y aseguró
que el factor racial es determinante en el problema.

"Tres de cada cuatro niños de descendencia indígena sufre
desnutrición", situación que se concentra en países con una alta
tasa de población indígenas, como Guatemala, Bolivia, Honduras o
Perú, indicó.

Para la FAO, un aspecto clave para luchar contra el hambre es la
promoción de políticas públicas impulsadas por los gobiernos y la
cooperación internacional en el caso de los países que cuentan con
menos recursos.

Hasta el momento, según Graziano, sólo Argentina, Guatemala,
Brasil, Ecuador y Venezuela cuentan en su legislación con leyes para
garantizar la seguridad alimentaria.

Para Graziano ese es un tema "muy importante", ya que, en tiempos
de crisis, las leyes garantizan que se ejecuten los programas e
iniciativas acordadas por los gobiernos.

"Una ley garantiza que los programas no se discontinúen, porque
ese es el tema de la inseguridad alimentaria, la volatilidad que
tienen las políticas", explicó el responsable de la FAO en la
región.

Pese al sombrío panorama en la región y en el mundo, donde 1.020
millones de personas pasarán hambre este 2009, según cifras de la
FAO, Graziano se mostró convencido de que se puede erradicar el
hambre en un plazo que va hasta el año 2025.

Para ello, será necesario incorporar la lucha contra la
desnutrición en las políticas públicas de los países y mantener o
aumentar los programas de cooperación entre países y organismos
internacionales.