Miembros de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) regresaron el viernes al lugar en
el que funcionó la mayor cárcel clandestina de la última dictadura
argentina (1976-1983) en un homenaje que les rindió el Gobierno 30
años después de su histórica visita en medio de la represión ilegal.

La ceremonia, encabezada por la presidenta de Argentina, Cristina
Fernández, se llevó a cabo en un salón que supo ser el casino de
oficiales de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA),
por donde se calcula que pasaron unos 5.000 detenidos-desaparecidos.

En ese marco, la mandataria anunció el envío al Parlamento de
cuatro proyectos de ley, uno de los cuales impulsa una reforma del
Código Penal para adecuarlo a la normativa internacional sobre los
delitos de calumnias e injurias en materia de libertad de expresión.

"Hace 30 años ustedes tuvieron que venir porque no había justicia
ni libertad de expresión en Argentina", les dijo la mandataria a los
representantes de la CIDH.

"Hoy vienen a un país donde hay justicia, donde quienes violaron
los derechos humanos están siendo juzgados por los tribunales
competentes (...) y donde la libertad de expresión y de prensa es
tal vez más absoluta que nunca", enfatizó Fernández en su discurso.

En el acto estuvieron presentes tres de los integrantes de la
misión de la CIDH que en 1979 recibió 5.580 denuncias de
desapariciones forzadas de personas en este país, que fueron la base
de un informe que el organismo dio a conocer al año siguiente.

Uno de ellos, el ex comisionado colombiano Marco Gerardo Monroy
Cabra, dijo a Efe mientras recorría el predio de la antigua ESMA que
"es muy merecida la celebración por el impacto que tuvo el informe y
las recomendaciones que hizo la Comisión en aquella época".

"Recuerdo las largas filas de personas que hacían las denuncias
sobre violaciones a los derechos humanos y visitar los mismos
lugares revivió toda la historia que escribimos en aquel entonces",
señaló en alusión a lo ocurrido hace tres décadas frente a las
oficinas de la OEA en Buenos Aires, donde se instaló la misión.

Con el homenaje de hoy concluyeron tres jornadas de sesión
extraordinaria de la CIDH que se llevaron a cabo en Buenos Aires
para conmemorar los 30 años de la misión que estuvo en el país en
plena dictadura.

"Durante estos tres días utilizamos todos los sentidos para
percibir y recrear la importancia de la visita de 1979, que dio
lugar a un informe que fue la voz de los que no tenían voz y también
una importante experiencia para la Comisión", indicó la presidenta
del organismo, la venezolana Luz Patricia Mejía.

Tras señalar que "la lucha por la dignidad de los pueblos sigue
tan viva como en aquellas oscuras décadas", remarcó que "hoy la
lucha contra la exclusión, la pobreza, la miseria y por el logro de
la igualdad y la no discriminación continúan siendo los grandes
desafíos".

Además de reunirse con el dictador Jorge Videla y representantes
de organismos de derechos humanos, en 1979 los miembros de la CIDH
se entrevistaron con jefes de fuerzas de seguridad, representantes
de la Iglesia y de sindicatos, hablaron con la prensa y visitaron
diez sitios señalados como centros clandestinos de detención.

Uno de ellos fue el predio de la ESMA en Buenos Aires, que por
disposición del Gobierno dejó de pertenecer a la Armada y donde
desde hace dos años funciona el Espacio para la Promoción y Defensa
de los Derechos Humanos.

El canciller argentino, Jorge Taiana, aseguró a Efe que la sesión
extraordinaria de la CIDH constituyó tanto un "reconocimiento a la
tarea que desarrolló la Comisión" como una oportunidad de "recordar
el esfuerzo de aquellos que en épocas oscuras tuvieron el valor de
presentarse y denunciar las violaciones que se cometían".

Según datos oficiales, durante la última dictadura argentina
desaparecieron unas 18.000 personas, cifra que los organismos
humanitarios elevan a 30.000.

En el acto, todos los oradores recordaron los aniversarios del
golpe militar que Augusto Pinochet encabezó en Chile en 1973 y los
atentados de 2001 en Nueva York, además de lamentar la situación que
vive Honduras tras el derrocamiento de su presidente, Manuel Zelaya,
a finales de junio pasado.