Grupos defensores de los inmigrantes
y trabajadores hicieron hoy un "llamado a la acción" para solicitar
al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) "cesen las políticas de
persecución de los inmigrantes en sitios de trabajo".

Desde hoy miles de personas llamarán al DHS para protestar contra
la ampliación del programa "E-Verify" -que permite verificar el
estatus de empleados- y los acuerdos 287(g) que autorizan a agentes
locales del orden ejercer funciones de Inmigración, se anunció.

"Es hora de decir '¡Ya Basta!' con este tipo de persecución. La
llamada es para que la secretaria (de Seguridad Nacional, Janet)
Napolitano cese la implementación y la expansión de estas medidas y
se trabaje en la solución a largo plazo, en la solución verdadera y
no en la intimidación del pueblo estadounidense", dijo a Efe
Jorge-Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por
los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, proporcionó en un
comunicado los teléfonos de la Línea de Comentarios del DHS: (866)
943-8027 (inglés) o (866) 967-6018 (español) para que las personas
llamen y pidan "de manera urgente una legislación que reforme las
leyes migratorias".

Igualmente, se dio a conocer un enlace vía Internet con la
campaña nacional "Basta" disponible en
www.americasvoiceonline.org/CAsaysENOUGH para firmar la petición
dirigida a Napolitano.

Cabrera se refirió también a la marcha realizada ayer en Los
Ángeles por cerca de 200 trabajadores de las empresas Overhill
Farms, American Apparel y Farmer Johns, quienes acusaron a
Napolitano de realizar una "persecución velada" en los sitios de
trabajo.

"Nos ofrecieron un cambio de políticas con el nuevo presidente y
no vemos ningún cambio", manifestó a Efe Ariel Martínez, uno de los
trabajadores que marchó. "Estamos sintiendo cada día más miedo en el
trabajo y no vemos que se mejoren las cosas para una reforma (de
inmigración), antes creemos que están peor", agregó.

Según señaló Martínez, los trabajadores que marcharon el
miércoles tenían hoy como propósito llamar a las oficinas del DHS
para manifestar su descontento y "pedir por una verdadera reforma de
inmigración y que se acabe la intimidación".

Mediante la campaña Ya Basta, llamada en inglés "CA Says Enough"
(California dice basta) se busca que miles de llamadas y mensajes
lleguen a la oficina de la secretaria Napolitano para mostrar que la
comunidad no quiere "más de lo mismo", explicó Cabrera.

Con la expansión del E-Verify, "básicamente se están llevando a
cabo redadas técnicas", denunció el representante de CHIRLA. "Aunque
no llegan con 100 oficiales y helicópteros, sí están ocasionando que
en los trabajos haya inestabilidad y miedo y que -definitivamente-
haya despidos".

El activista señaló que "cerca de 60.000 trabajadores podrían
perder sus empleos si se ejecutan las 650 auditorías decretadas por
la administración hace un par de semanas".

Según se explicó hoy, la respuesta de la comunidad ha sido
contundente. En las primeras horas de la protesta se recibieron
tantas llamadas que los teléfonos de respuesta automática se
bloquearon. Como consecuencia, la administración del DHS implementó
la atención directa de funcionarios para recibir los mensajes, tanto
en inglés como en español.

El lunes pasado, Napolitano se refirió al programa E-Verify como
"una herramienta simple y efectiva que refleja nuestro continuo
compromiso para trabajar con los empleadores para mantener una
fuerza de trabajo legal".

Janice Kephart, directora de Política de Seguridad Nacional de
Centro de Estudios de Inmigración, señaló en un informe del pasado
23 de julio, que el uso de E-Verify se ha disparado un 274 por
ciento con respecto a 2007 cuando se estableció.

La analista explicó que 1 de cada 4 nuevas contrataciones es
revisada por E-Verify para unas seis millones de consultas en lo que
va de 2009, cerca del total de todo 2008.

De continuar esta tendencia, Kephart calculó que el programa
identificará a 12,3 millones de empleados este año.

Por otra parte, informes de la Oficina de Inmigración y Aduanas
(ICE), aseguran que desde enero de 2006, el programa 287(g) ha
"identificado más de 100.000 extranjeros de potencial deportación,
la mayoría de ellos en cárceles locales".