El ex presidente peruano Alberto Fujimori
fue condenado hoy a siete años y seis meses de prisión por haber
pagado 15 millones de dólares a su otrora brazo derecho Vladimiro
Montesinos, en la tercera condena desde su extradición en 2007.

Nuevamente, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema le impuso
una de las sanciones más altas, ya que la Fiscalía había pedido ocho
años de cárcel por este caso de corrupción en Perú, donde las
condenas no son acumulativas.

Por ello, el ex presidente estará en la cárcel más allá del 11 de
agosto de 2014, fecha en que vence esta última sentencia, pues ya
cumple dos condenas previas, una de 25 años por crímenes contra la
humanidad por dos matanzas y dos secuestros (que aún debe ser
confirmada en apelación), y otra de seis años por allanamiento de
morada.

En el juicio de hoy, el ex presidente peruano (1990-2000) también
fue condenado -por los delitos de peculado doloso y falsedad
ideológica en agravio del Estado- a dos años y diez meses de
inhabilitación para ejercer un cargo público y a pagar una cantidad
de 3 millones de soles (aproximadamente un millón de dólares) en
reparaciones al Estado peruano.

El presidente de la Sala que lo juzga, César San Martín, subrayó
antes de la lectura del fallo de que se trataba de una "sentencia
jurídica" que se deriva de los hechos juzgados y "no existe ningún
cálculo político" detrás de ella.

A modo de respuesta, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, dijo
al término del proceso que se había tratado de un "juicio político",
con el fin de que "Fujimori se muera en la cárcel" y sugirió que lo
que se pretendía es detener "la marcha del fujimorismo".

Nakazaki basó su estrategia de defensa en el argumento de que
Fujimori restituyó los 15 millones al poco tiempo de sustraerlo, por
lo que no existía delito, lo que fue considerado un sarcasmo por la
fiscalía.

El proceso comenzó el 13 de julio y se resolvió en poco más de
una semana debido a que el ex gobernante aceptó los hechos juzgados
más no la responsabilidad penal del pago de los 15 millones,
realizado poco después de que se destapara una red de corrupción
gubernamental dirigido por Montesinos, jefe en la sombra del
todopoderoso Servicio de Inteligencia.

Sin embargo, en su alegato final, Fujimori aseveró el pasado
viernes que esta indemnización respondía a la necesidad de salvar al
país de un eventual golpe de Estado de su asesor, después de que
éste había entendido que ya no se requerían sus servicios.

En su autodefensa, el ex jefe de Estado también señaló que fueron
sus entonces titular de Economía, Carlos Boloña, y el primer
ministro, Federico Salas, quienes le explicaron que "la única
alternativa para evitar un mal mayor al país era aceptar la
condición del ex asesor, que literalmente vendía su salida".

Tras la lectura de la sentencia del caso de los 15 millones, el
fiscal Avelino Guillén destacó la "solidez de la sentencia", emitida
en base al reconocimiento inicial del "conjunto de los hechos" por
parte de Fujimori y la solicitud de la Sala para que se investigue
de dónde salieron los fondos para reintegrar al Estado el dinero
entregado a Montesinos.

En declaraciones a periodistas, Guillén sostuvo que Fujimori
intentó hacer un "discurso electoral" en su alegato final y "señaló
hechos nuevos desvinculados con la aceptación inicial de los
hechos", entre ellos, que "el dinero se lo había encontrado en el
Servicio de Inteligencia Nacional, hecho que la Sala no ha aceptado
y ha considerado como un hecho inaudito".

Tan pronto como se conoció la sentencia, Fujimori, de 70 años,
anunció que interpondrá un recurso de nulidad.

El ex gobernante aún tiene otro juicio pendiente que reúne tres
casos distintos: el espionaje telefónico a políticos, empresarios,
periodistas y funcionarios; la compra del Cable Canal de Noticias
con fondos públicos, y los pagos a congresistas tránsfugas que
apoyaron su reelección en 2000.