El Gobierno peruano anunció el lunes que pedirá
al Congreso de la República la derogatoria de los dos decretos más
polémicos que causaron los violentos disturbios del pasado día 5,
que se saldaron con 34 muertos en Bagua, en el norte selvático del
país.

El primer ministro de Perú, Yehude Simon, que el lunes viajó a Junín
(centro) para una reunión negociadora con poblaciones indígenas que
participan en una protesta por las mismas razones, dijo que suGobierno pedirá mañana al Congreso la derogación definitiva de los
decretos legislativos 1090 y 1064, según la agencia oficial Andina.

Ambos decretos regulan el uso y explotación de los recursos
hídricos y naturales de la selva, incluidos los recursos gasísticos,
petroleros y madereros, y son polemizados por los movimientos
indígenas por su contenido supuestamente lesivo para ellos y porque,
aseguran, no se respetan los mecanismos de consulta legales.

Asimismo, Simon anunció que mañana se levantará el estado de
emergencia en Bagua, que era otra de las principales
reivindicaciones de los indígenas para volver a negociar.

El pasado miércoles, el Congreso suspendió la vigencia de esos
dos polémicos decretos, pero los movimientos indígenas consideraron
que no era suficiente y exigieron la derogatoria definitiva.

El domingo, el presidente Alan García dio a entender que su Gobierno
podría contemplar esa marcha atrás: "Tampoco hay que forzar con
mucha velocidad las cosas cuando todavía no estamos preparados, y si
algunos tienen temor, entonces se va más lento y se toman otras
decisiones", expresó, en contraste con los discursos de días
anteriores.

Ahora corresponderá al Congreso votar esa derogatoria, y queda
por ver la reacción de los grupos indígenas, que exigían además
derogar ocho decretos más, aunque el 1090 y el 1064 eran los más
polémicos de todos.