La ola de violencia que en las últimas
semanas sufre Puerto Rico elevó a 286 el número de muertes en lo que
va de año, la mayoría consecuencia de la guerra entre bandas de
narcotraficantes, según datos difundidos el viernes.

Un adolescente de 17 años que paseaba en bicicleta en la
localidad de Colobó, en el área metropolitana de San Juan, fue la
última víctima de una serie de asesinatos que han conmovido a un
país acostumbrado a leer todos las mañanas en la prensa nuevos casos
de muertes violentas.

El asesinato a balazos de Jean Carlos Cirino supuso la muerte
número catorce en 2009 de un menor, cifra que ha disparado las
alarmas entre las autoridades puertorriqueñas, incapaces de poner
fin a una escalada de violencia que amenaza con superar los 807
homicidios registrados hace un año.

El número de homicidios del año pasado ya se consideró una cifra
muy alta y hasta la fecha de hoy el número de muertes violentas es
de tres menos que en 2008, en un momento en el que sigue agravándose
la crisis económica.

Doce de las catorce muertes de menores registradas desde enero
fueron atribuidas a los denominados "narcohampones", sicarios muchos
de ellos menores de edad contratados por capos de la mafia local
para ejecutar acciones violentas.

Un estudiante de noveno grado de 15 años, Orvin Rondón Nieves,
fallecido el pasado sábado en Guaynabo, cerca de la capital, y sobre
todo la muerte de la niña Arelis Olivo Ortiz, de 2 años, alcanzada
por una bala perdida en un tiroteo el lunes en Toa Baja, son otros
casos de la escalada de violencia desatada en el país.

La interminable lista incluye a Gilberto Román Portalatín, un
septuagenario que recibía menos de 400 dólares de seguro social y
que fue asesinado el miércoles en su casa, donde se le encontró
degollado a primera hora de la mañana.

La escala de asesinatos ya hizo tomar cartas en el asunto a la
Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés),
cuyo portavoz en Puerto Rico, Harry Rodríguez, anunció que ese
cuerpo asumiría la jurisdicción en el caso de la niña Arelis Olivo
Ortiz, en el que fallecieron dos personas más.

El superintendente de la Policía puertorriqueña, José Figueroa
Sancha, aseguró tras la muerte de la pequeña que pondrá fin de una
vez por todas a la guerra entre traficantes que salpica ya a la
seguridad del conjunto de la sociedad de la isla.

Figueroa Sancha denunció además la poca colaboración ciudadana y
que muchos puertorriqueños guarden silencio ante la Policía por una
simple nevera o un televisor que les pagan los narcotraficantes.

El propio gobernador, el anexionista Luis Fortuño, se pronunció
sobre el problema para asegurar que la Policía hace todo lo posible
para combatir la criminalidad, tras aclarar que el 20 por ciento de
reducción del presupuesto del cuerpo para 2009 no afectará a su
operatividad.

Fortuño reiteró las palabras de Figueroa Sancha de que no se
descansará hasta poner fin a la ola de violencia entre
narcotraficantes y recordó que la isla contará con el apoyo de las
autoridades federales.

Puerto Rico registró su peor año en 1994, cuando un total de 995
personas fallecieron en circunstancias violentas.