(Barcelona). Negocios y teatros cerrados, el transporte público suspendido, las carreteras cortadas. Y en la calle, miles y miles de personas manifestándose con banderas catalanas y pancartas en contra de la violencia policial. Así es como vivió Catalunya – y en especial, la ciudad de Barcelona, la jornada de huelga general convocada por los partidos independentistas en protesta por la represión del gobierno central en contra de la celebración de un referéndum por la independencia de España que tuvo lugar el pasado domingo 1 de octubre.

La brutalidad de la policía española contra los ciudadanos que intentaban votar se saldó con más de 700 heridos, según cifras del gobierno catalán, provocando la indignación de la ciudadanía y acentuando la fractura social existente desde hace años entre Catalunya y el resto de España.

El disputado referéndum al que tanto se opone el gobierno central, controlado por el conservador Partido Popular (PP), había sido convocado unilateralmente por el gobierno catalán hace cerca de dos meses, y la Justicia española lo había declarado inconstitucional.   

 En lugar de optar por la vía del diálogo, el gobierno del PP, liderado por Mariano Rajoy, optó por la política de mano dura, enviando a cientos de policías nacionales y agentes de la Guardia Civil a Catalunya una semana antes de la fecha del referéndum. 

A pesar de llevar a cabo registros de oficinas gubernamentales, arrestos de funcionarios públicos y confiscación de urnas y carteles electorales, los catalanes llevaron a cabo su referéndum y abrieron los colegios electorales, sin imaginarse que la policía arremetería contra ellos haciendo uso de una violencia desmesurada. La policía nacional argumenta que obedecía órdenes judiciales de desalojar los colegios electorales para justificar el espectáculo de violencia gratuita que ofrecieron a los votantes, armados solamente con papeletas.  Las fuerzas del orden, equipadas con la parafernalia antidisturbios, no tuvieron reparos en romper cristales de colegios y arremeter contra ancianos y mujeres. Las fotografías de la violencia policial ocurrida el domingo en Catalunya han dado la vuelta al mundo gracias a la prensa internacional, pero el gobierno del PP sigue desmintiendo que hubo violencia justificada y que el referéndum “no tuvo lugar.”

Por su parte, los trabajadores de la televisión estatal en Catalunya (TVE Catalunya) han denunciado en un comunicado que su medio de comunicación les forzó a manipular las crónicas de lo ocurrido durante el reférendum para evitar que se hablara de “carga policial.”

Y así, mientras Rajoy permanece impasible a lo ocurrido el domingo y a los gritos de miles de catalanes que ayer salieron a la calle para protestar por la violencia policial.

 “Fuera las fuerzas de ocupación”, “Bote, bote, bote, policía el que no bote”, gritaban centenares de jóvenes frente a la caserna de la Policía Nacional en Barcelona. Catalunya cuenta con su propia fuerza policial, los Mossos, cuya misión estos días es velar por la seguridad de los policías nacionales que siguen desplazados en Catalunya.

Para añadir más leña al fuego, el Rey Felipe VI de España -muy criticado por el silencio mantenido en los últimos días- dio ayer un discurso televisado en el que acusó al gobierno catalán (independentista) de una "deslealtad inadmisible" y de "dividir a la sociedad catalana."

El monraca mostró su preocupación por la "crisis" catalana y subrayó su compromiso con “la unidad de España, la defensa de la Constitución y el respeto a la ley” ante “el inaceptable intento de apropiación de las instituciones” por parte de los independentistas”. 

¿Qué pasará mañana? ¿Declarará el gobierno catalán la independencia por su cuenta?, se preguntan muchos ciudadanos, catalanes y españoles, ante la incertidumbre política y la falta de diálogo entre ambos bandos. El referéndum contó con la participación del 42% de la población catalana y el “sí” ganó en un 90%. Pero sigue siendo un referéndum ilegal, sin reconocimiento internacional.