El lunes 27 de marzo por la noche se declaró el peor incendio de la historia reciente de México, que se saldó con la pérdida de 39 vidas, vidas de migrantes. 

Las llamas se declararon en el interior de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez (México), una popular ciudad fronteriza situada por debajo de El Paso (Texas), poco antes de las 22.00 horas del 28 de marzo. 

Según las autoridades, murieron 39 migrantes, en su mayoría venezolanos, y otros 29 resultaron heridos. La agencia señaló en un comunicado que el centro albergaba a 68 hombres procedentes de Centroamérica y Sudamérica en el momento del incendio. 

El INM, el instituto que supervisa el centro en el que se detiene a los migrantes que esperan solicitudes de asilo en Estados Unidos o se disponen a cruzar la frontera, ha abierto una investigación sobre la causa y no ha dado a conocer oficialmente las nacionalidades de los fallecidos ni la causa del incendio. 

Un medio de comunicación, El Universal, informó de que las autoridades habían pasado la mayor parte del día reuniendo a venezolanos que pedían dinero en las calles de Ciudad Juárez. Se cree que algunos de ellos podrían haber sido trasladados a las instalaciones y haber muerto en el incendio esa misma noche. 

El mundo se despertó con las trágicas imágenes publicadas por el periódico local Diario de Juárez y compartidas por The Associated Press que mostraban cuerpos bajo sábanas plateadas, ambulancias y bomberos fuera de las instalaciones.

El centro ha dicho que se ha puesto en contacto con consulados extranjeros para ayudar a identificar a las víctimas y está pidiendo al Consejo Nacional de Derechos Humanos de México que investigue. 

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo el primer anuncio oficial sobre el incidente durante una rueda de prensa el martes por la mañana, en la que anunció que el incendio fue provocado a propósito por los propios migrantes en protesta por haber sido informados de su deportación a sus países. 

El incendio servirá de gran recordatorio para México y Estados Unidos sobre los muchos peligros a los que se enfrentan los cientos de miles de migrantes y refugiados que siguen dispuestos a asumir los riesgos y dirigirse a la frontera sur de Estados Unidos en lo que es un viaje terriblemente peligroso y mortal a través de Sudamérica y Centroamérica. 

La detención de migrantes, sobre todo en centros como el de Ciudad Juárez, ha suscitado preocupación sobre la seguridad y la eficacia general de las instalaciones, y ha planteado interrogantes sobre qué más puede hacer Estados Unidos para intervenir. 

En cuanto a la inmigración, la Administración Biden se ha metido en un buen lío con los republicanos, y ahora incluso con los demócratas. 

El 27 de marzo, 17 de los principales demócratas del Senado, incluida la senadora demócrata Catherine Cortez Masto, se unieron al senador demócrata Dick Durbin y al líder demócrata Chuck Schumer para escribir una carta a Biden en la que expresaban su preocupación por los informes de que la Administración está considerando reinstaurar una política "ineficaz" e "inhumana" de la era Trump de detener a familias migrantes.

Esto se produce después de poner fin a la detención de familias en diciembre de 2021.

También el pasado mes de febrero, la Administración de Biden instituyó una norma que rechaza la solicitud de asilo a los migrantes que viajaron por otros países de camino a la frontera estadounidense, una gran diferencia con el precedente anterior. 

En la carta, los demócratas del Senado afirman que detener a las familias es poco práctico como forma de gestionar la cuestión de la inmigración. 

"La detención de familias no parece haber disuadido a las familias desesperadas de intentar venir a Estados Unidos - por el contrario, la implementación de esta política se correspondió con un aumento en los encuentros únicos de niños e individuos en familias "en un promedio de 57% por año entre 2015 y 2019", se lee en la carta. 

Agregaron que el DHS gastó más de 866 millones de dólares en un período de tres años para mantener espacio para detener a poco más de 3,000 unidades familiares por año. 

"Entendemos que su Administración se enfrenta a desafíos significativos -especialmente a la luz del fracaso del Congreso para aprobar la reforma migratoria- para gestionar una afluencia de solicitantes de asilo que llegan a nuestra frontera sur. Sin embargo, el pasado reciente nos ha enseñado que la detención familiar es moralmente reprobable e ineficaz como herramienta de gestión de la inmigración", concluyen. 

La noticia del incendio llega el mismo día en que México y Estados Unidos iban a anunciar su acuerdo para combatir la entrada de fentanilo por la frontera sur. Según dijeron a NBC News dos fuentes familiarizadas con la estrategia, México se encargaría de rastrear los laboratorios y el contrabando, mientras que Estados Unidos haría más para detener el flujo de armas estadounidenses hacia México. 

Las dos partes lograron llegar a un acuerdo provisional tras muchos meses de desacuerdos tensos y públicos. 

El ejército y la policía mexicanos, así como las fuerzas de seguridad estadounidenses, se centrarán en rastrear las materias primas para el fentanilo que se envían a México, encontrar y cerrar laboratorios y perseguir a los principales implicados en el comercio, dijeron las fuentes. Biden y EE.UU. harán un seguimiento de las armas de fuego que entren en México procedentes de EE.UU. 

Hasta el momento de la publicación de este informe, no se ha anunciado nada, pero el gobierno mexicano ha accedido a proporcionar más personal, y Estados Unidos está dispuesto a invertir más en operaciones contra las drogas, según las fuentes. 

La última actualización al cierre de esta edición procedía del Instituto Guatemalteco de Migración, una entidad gubernamental, que en un comunicado el martes dijo que al menos 28 de los fallecidos en el incendio habían sido identificados como ciudadanos guatemaltecos, y añadió que trabajaría con las familias para que les devolvieran a sus seres queridos.