El martes 29 de noviembre, el Tribunal Supremo escuchará los argumentos y revisará la política de inmigración del presidente Joe Biden, que da prioridad a la deportación de las personas que suponen una mayor amenaza para la seguridad pública. 

Introducida en septiembre de 2021, la política fue desafiada legalmente por un puñado de estados liderados por los republicanos y, como resultado, fue bloqueada el pasado mes de junio por un juez federal de Texas, después de haber estado en vigor durante menos de un año. 

La política de inmigración de Biden es un enfoque más indulgente y menos agresivo de la deportación en comparación con la del ex presidente Donald Trump. Bajo el plan de Trump, las personas podían ser deportadas sin importar sus antecedentes penales o sus vínculos con la comunidad. 

Además, la ley federal de inmigración exigía que los inmigrantes indocumentados condenados por cargos como delitos graves, tráfico de personas y delitos con armas de fuego fueran detenidos de nuevo tras ser liberados de la custodia penal. 

En cambio, la política de Biden elimina ese aspecto de la política. Su política sólo requiere una evaluación de si un inmigrante es una amenaza para la seguridad pública y nacional. Mientras tanto, el gobierno prepara el proceso de deportación. Texas y Luisiana se apresuraron a impugnar la medida de Biden. 

Los estados argumentaron que se enfrentan a costes adicionales para poder detener a personas a las que el gobierno permitiría seguir en libertad dentro del país, a pesar de sus antecedentes penales. 

Uno de los muchos desafíos legales a la política de inmigración es de septiembre de 2021 en el que el Departamento de Seguridad Nacional emitió una acción que detuvo las deportaciones a menos que los individuos habían cometido actos de terrorismo, espionaje, o "amenazas atroces a la seguridad pública." 

La Administración Biden ha dicho en los tribunales que con las decenas de millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos, el gobierno tiene que prestar más atención a ciertos casos por la falta de recursos disponibles para poder detener y deportar a todos. 

"El hecho de que se diga que es una fuga de recursos no significa que eso sea real", dijo Sirine Shebaya -directora ejecutiva del Proyecto Nacional de Inmigración- quien, junto con el grupo, fue coautora de un escrito de apoyo a Biden. "Están apuntando activamente a este grupo y separándolo del resto de la población, a pesar de que las leyes federales y estatales exigen que todos los residentes de un estado sean tratados de manera similar".

La general Liz Murrill y el procurador de Luisiana refutaron esa afirmación. 

"No tenemos un árbol de dinero en el patio trasero, ni podemos imprimir dinero", dijo Murrill. "Cualquier argumento de que nuestra posición sobre la inmigración ilegal está de alguna manera en conflicto con una política de fomento del crecimiento en nuestros estados está equiparando falsamente dos cosas que son tremendamente diferentes".

Esto se produce en medio de las constantes críticas al Presidente por parte del GOP sobre su falta de políticas de aplicación de la ley y de seguridad fronteriza. Los funcionarios del GOP han argumentado que ha provocado un aumento de la delincuencia, así como de los que entran en el país ilegalmente. 

El juez de distrito estadounidense designado por Trump, Drew Tipton, es el responsable del bloqueo de la política. Argumentó que su estado de Texas tenía capacidad legal para bloquear porque podía demostrar que los inmigrantes que debían ser detenidos estaban en el estado de la Estrella Solitaria y, en el caso de algunos, habían cometido delitos previos. 

Tipton dijo que tanto la política era ilegal como que el gobierno no la aplicó correctamente.

"Cualesquiera que sean los límites exteriores de su autoridad, el poder ejecutivo no tiene autoridad para cambiar la ley", escribió Tipton en su fallo inicial que bloqueó la política. 

"Utilizando las palabras 'discreción' y 'priorización', el Poder Ejecutivo reclama la autoridad para suspender los mandatos legales", añadió Tipton. "La ley no sanciona este enfoque".

El martes, el Tribunal Supremo decidirá si los estados tenían siquiera autoridad legal para impugnar la política y, en caso afirmativo, determinará si las directrices son ilegales. 

También estudiarán si el juez tenía autoridad para bloquear la política incluso si es ilegal. Además, los jueces habían votado 5-4 el pasado mes de julio para rechazar la petición de Biden de volver a aplicar la política, pero seguían abiertos a escuchar los argumentos orales. 

El historial de Biden con la Corte Suprema y otros tribunales superiores no ha sido totalmente exitoso en lo que respecta a las políticas y regulaciones, desde DACA hasta el cambio climático, los mandatos de la vacuna COVID-19, y ahora la inmigración. 

Se espera que la decisión final llegue a finales del próximo mes de junio.