A la Administración Trump se le olvidó que las reglas internacionales también aplican al país, aún cuando se crea inmune a las decisiones que afectan al mundo.

Esto aseguró la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas quien rechazó rotundamente lo que calificó de equivalente a “una injerencia arbitraria e ilegal en la vida familiar y es una grave violación de los derechos del niño”, según declaró la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, a la prensa.

La Oficina exigió al gobierno estadounidense que “detenga inmediatamente” su acelerada política de separación de familias que cruzan la frontera sin documentos, insistiendo en que “no hay nada normal en detener niños”, según reportó USA Today.

Este nuevo mecanismo se puso en marcha hace un mes cuando la secretaria de seguridad nacional, Kirstjen Nielsen, aprobara la política en la que cualquier persona que sea atrapada cruzando la frontera de manera ilegal pasará a ser procesado de manera inmediata, lo que daría paso a la separación de las familias que viajen juntas, incluyendo a los niños.

Esto forma parte de la nueva política de “tolerancia cero” anunciada por el fiscal general Jeff Sessions en cuanto a la inmigración indocumentada a través de la frontera con México.

Durante una conferencia en Scottsdale (Arizona) el lunes 7 de mayo, Sessions aseguró que “si estás contrabandeando niños, entonces te procesaremos a ti y ese niño será separado como insta la ley. Si no te gusta, entonces no traigas niños a través de nuestra frontera”, según reportaba entonces POLITICO.

“Los niños serán clasificados como menores sin acompañante si sus padres son arrestados con cargos de ingreso ilegal, lo que les pondría bajo la custodia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) hasta que puedan ser ubicados con un guardián”, continúa el reportaje.

Pero fue este mismo departamento el que perdió el rastro de 1.475 niños indocumentados puestos bajo custodia de guardianes, según dejó en evidencia la declaración del funcionario del HHS Steven Wagner ante un Comité en el Senado el pasado martes 24 de abril.

Según el reportaje de la Associated Press, entre los meses de octubre y diciembre del 2017, “La HHS dijo que 7.635 niños fueron ubicados con padrinos”, y se descubrió que tan sólo 6.075 de ellos aún vivían con sus guardianes, 28 habían escapado, 5 fueron deportados y 52 vivían con alguien más. Se desconoce el paradero del resto de ellos, que suman 1.475.

Ante estos hechos, la oficina de las Naciones Unidas ha exigido fehacientemente la suspensión de las políticas de separación en Estados Unidos, a lo que la embajadora estadounidense en el organismo, Nikki R. Haley, respondió con profunda irritación:

“Una vez más, las Naciones Unidas hace muestra de su hipocresía llamándole la atención a Estados Unidos mientras ignora los reprobables regisros de derechos humanos de varios miembros de su propio Consejo de Derechos Humanos”, sentenció. “Mientras la oficina del Alto Comisionado ataca ignorantemente a Estados Unidos con palabras, Estados Unidos lidera el mundo con sus acciones, como proporcionar más asistencia a los conflictos mundiales que cualquier otra nación”.

Quizás Haley hacía referencia a la masacre cometida por las fuerzas militares estadounidenses en Siria o la negligencia del gobierno ante la devastación de Puerto Rico después del paso del Huracán María. Lo que sí es cierto, es que el gobierno se rehúsa a considerar que cualquier ataque contra la comunidad inmigrante sea percibido como una violación a la ley.