La Corte Suprema ha otorgado una pequeña victoria al presidente Trump al autorizar algunas partes de su propuesta de veto migratorio contra ciudadanos provenientes de seis países de mayoría musulmana, así como a refugiados, acordando de igual manera decidir sobre su legalidad durante el transcurso del año.

Tras la oposición enfrentada en las cortes estatales que bloquearon su orden ejecutiva del 6 de marzo, la ley permitirá ahora impedir el ingreso de personas que no tengan relaciones demostrables – familiares o laborales – en territorio estadounidense.

A pesar de las fuertes críticas que ha desatado la propuesta – tildada de racista e islamófoba – el presidente Trump declaró hoy que la medida de la Corte Suprema es “una clara victoria para nuestra seguridad nacional”.

En su declaración, el Presidente aseguró que “no puedo permitir el ingreso a nuestro país de personas que nos quieren hacer daño. Quiero a las personas que aman a Estados Unidos y a todos sus ciudadanos, y quienes serán trabajadores y productivos”.

De esta manera, la Corte dictaminó que se permitirá el ingreso a estudiantes admitidos por universidades nacionales, así como también a trabajadores que hayan sido contratados por empresas norteamericanas.

La orden ejecutiva de Trump solicitaba un veto migratorio de 90 días contra ciudadanos de Libia, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, además de una prohibición de ingreso a cualquier refugiado durante un período de 120 días. La propuesta fue bloqueada por jueces federales, pero la sentencia de la Corte Suprema podría hacerle efectiva en tan sólo 72 horas.

La apelación del presidente fue recibida por una Corte Suprema de mayoría conservadora, encabezada por el juez Neil Gorsuch quien fuera nombrado el pasado mes de abril. La Corte cuenta con cinco magistrados Republicanos y cuatro Demócratas.

Entre los conservadores, Clarence Thomas, Samuel Alito y el mismo Neil Gorsuch estuvieron de acuerdo en que la Corte debió haber aprobado la medida completa.

Por su parte, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Perez, declaró que el veto seguía siendo “un asalto inconstitucional y poco americano contra la libertad religiosa de nuestro país”, asegurando asimismo que “los Demócratas seguiremos peleando este odio hasta el final”, según reportó The Guardian.

Asimismo, Omar Jadwat, representante de la American Civil Liberties Union, declaró que “será muy importante para nosotros durante este período de intervención, asegurarnos de que el gobierno cumpla con los términos de la orden y no intente utilizarla como puerta trasera para implementar un veto musulmán a escala completa que es lo que se ha buscado implementar durante la presidencia”, como reportó Reuters.

Según Page Pate, analista legal de CNN, la versión corta del veto migratorio podrá causar el mismo tipo de caos en los aeropuertos que los sucedidos durante el mes de enero.

“Será un dolor de cabeza extremo. Pensemos en cómo las personas en la frontera, en los aeropuertos, tomarán las decisiones”, declaró. “¿Quién va a tomar esta decisión? Si se lo dejamos a los que están en primera línea, tan sólo contraerá más litigaciones”.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional dijo en unas declaraciones que discutiría la sentencia de la Corte con los departamentos de Justicia y de Estado, de manera de implementar el veto “profesionalmente, con notificación pública clara y suficiente, sobre todo para los viajeros potencialmente afectados y en coordinación con contrapartes en la industria de turismo”, según reportó CNN.