Este miércoles por primera vez en la historia de Pensilvania, un representante a la Cámara de Estados Unidos presentó un proyecto de ley como último recurso para que Carmela Apolonio Hernández y sus cuatro hijos menores de edad eviten su deportación a México.

El representante demócrata por el distrito 1 de Pensilvania, Bob Brady, radicó ante el Comité de la Judicatura de la Cámara el proyecto de ley privado H.R. 5623 en nombre de la familia Apolonio Hernández, cuyo fin es que el Congreso le otorgue por ley la residencia permanente en el país.  

En el texto de la iniciativa se lee que “no obstante las subsecciones a y b de la sección 201 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, Carmela Apolonio Hernández, Edwin Artillero Apolonio, Yoselin Artillero Apolonio, Keyri Artillero Apolonio y Fidel Artillero Apolonio serán elegibles para la emisión de una visa de inmigrante o para que se les ajuste el estatus (…) para obtener residencia permanente tras presentar una solicitud para la emisión de una visa de inmigrante de acuerdo con la sección 204 de dicha Ley”.

En una rueda de prensa llevada a cabo en la Church of the Advocate, Apolonio Hernández expresó gratitud a todos quienes se han unido a su lucha y dijo sentirse esperanzada de que esta iniciativa “pueda detener la deportación, reabrir mi caso y que la gente me siga apoyando”.

Por su parte, Karen Warrington, directora de comunicaciones de Brady, afirmó que pese a que históricamente este tipo de proyectos legislativos difícilmente llegan a feliz término, “emplearemos toda nuestra energía para ganar apoyos para esta medida y para enviar un mensaje de que, así como este congresista, esta comunidad y esta coalición respaldan a esta familia, hay cientos de otras familias en el país que igualmente necesitan este tipo de acompañamiento”.

Carmela Apolonio Hernández y sus cuatro hijos permanecen refugiados en la iglesia Church of the Advocate desde el pasado 13 de diciembre luego de que recibieron una orden de deportación emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Apolonio Hernández emigró  de México junto con sus hijos en agosto de 2015 luego de que bandas del crimen organizado asesinaron a un miembro de su familia en Acapulco y la amenazaron de muerte. Entró a Estados Unidos amparada por un proceso de asilo que degeneró en la orden de deportación.

De acuerdo con Jazmín Delgado, organizadora comunitaria del colectivo Sanctuary Advocate Coalition –una alianza conformada por ocho organizaciones de Filadelfia– la radicación de la H.R. 5326 “es parte de un esfuerzo coordinado con otros líderes de santuario en el país para elevar el perfil de estos casos y lograr que el Congreso vote a favor de estos proyectos de ley privados e impulse políticas que verdaderamente protejan a los inmigrantes en este país”.

El proyecto legislativo privado –private bill– es una maniobra legal de vieja data en ambas cámaras del Congreso que ha sido usada como último recurso para frenar deportaciones inminentes. De acuerdo con la organización American Immigration Council, desde 1983 se han radicado poco más de 4.000 propuestas de este tipo, pero muy pocas se han convertido en ley. 

Según datos del servicio de investigación del Congreso citados por la emisora WHYY, entre 1986 y 2013 se aprobaron solo 170 iniciativas privadas, más de la mitad sobre casos como el de Carmela Apolonio Hernández. 

Aunque las probabilidades de que la iniciativa se convierta en ley son mínimas, casos como el de Jeanette Vizguerra y Arturo Hernández García son ejemplos recientes de cómo este tipo de tácticas pueden significa un alivio migratorio temporal para miles de indocumentados que enfrenta una orden de deportación. 

Vale la pena recordar que en respuesta a este tipo de iniciativas, Thomas D. Hoffman –director adjunto de ICE– le envío una carta en mayo del año pasado al Comité de la Judicatura del Senado en la que le informaba al presidente de dicha comisión –Chuck Grassley– que la agencia no volvería a detener las deportaciones de personas cuyos casos se conviertan en proyectos legislativos privados. 

Frente a esto, el representante Brady intentará conseguir la mayor cantidad de apoyo –al menos 200 firmas– en la Cámara de Representantes para sacar adelante su iniciativa. Por su parte, Apolonio Hernández asegura que si la propuesta se hunde en la Cámara de Representantes, ella está dispuesta a mantener indefinidamente su refugio en la iglesia, por lo menos hasta que el ambiente político en Washington cambie. 

Sin bien el proyecto de ley tiene todas las probabilidades en contra, lo cierto es que es útil para revivir el debate sobre una reforma migratoria.