Pocos parecen recordar el terror causado por Alberto Fujimori durante su régimen, considerado por la prensa nacional como una dictadura bajo toda descripción, entre los años 1990 y 2000 en Perú.

La batalla por la presidencia entre Fujimori y el escritor Mario Vargas Llosa fue un golpe a la estructura política del país suramericano a principios de los 90. Con el apoyo de algunos sectores marginales, pequeños empresarios, iglesias evangélicas y posteriormente de algunos grupos de izquierda, Fujimori logró el 60% de los votos en la segunda vuelta, tras lo cual olvidaría a todos los que le apoyaron.

De la mano de su asesor, el ex capitán Vladimiro Montesinos, Fujimori decidió reformar la economía (gracias a las recomendaciones de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional), disolver el Congreso, aprobar una nueva constitución en 1993 y aniquilar los movimientos revolucionarios en el país como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Empezando por el cambio de moneda, un shock económico y la devaluación posterior de los salarios, Fujimori logró la incorporación de Perú al sistema financiero internacional, impulsando la economía a costillas de una grave crisis constitucional detonada por la disolución del Congreso, ante su negativa de otorgarle amplios poderes al mandatario, y el uso de la violencia armada, lo que terminaría  en el llamado “autogolpe” de 1992.

De allí en adelante se desencadenó la represión estatal y las violaciones consecutivas a los derechos humanos, marcando la historia peruana con eventos como la masacre de Barrios Altos, el asesinato de varios alumnos y un profesor en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y posteriormente la intervención de los medios de comunicación.

La publicación de cifras, datos y vídeos como evidencia de la gran red de corrupción del país, lograron desencadenar una revuelta social que decantaría en la entrega del poder por parte de Fujimori desde el exterior durante su tercer período de gobierno.

Después de intentar refugiarse en Japón y en Chile, el ex mandatario fue extraditado y sentenciado a 25 años de prisión por allanamiento ilegal, violación a los derechos humanos, usurpación de funciones y abuso de autoridad. Varios procesos judiciales sumaron asimismo los cargos de peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del estado.

A pesar del macabro historial de Fujimori, el presidente actual Pedro Pablo Kuczynski decidió concederle el indulto, catalogando sus delitos de lesa humanidad de “errores”, y librándole del resto de su condena por su delicado estado de salud, según reportó Infobae.

“Quiero compartir con ustedes mis sentimientos. Quiero decirles que quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida”, dijo Kuczynski en un vídeo a la ciudadanía. “Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un ex presidente del Perú, habiendo cometido excesos y errores graves, fue sentenciado y ha cumplido ya 12 años de condena”, justificó.

“Estoy convencido de que, quienes nos sentimos demócratas, no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión. La justicia no es venganza”, agregó.

A pesar de haber prometido durante su campaña presidencial del 2016 no liberar a Fujimori, Kuczynski cedió ante la presión interna ejercida por el hijo del ex dictador, Kenju Fujimori, quien junto con sus partidarios votó en contra de la destitución del actual presidente por parte del Congreso, con la clara intención de negociar el indulto a su padre, según explicó el diario El Tiempo.

Pero el pueblo peruano no olvida ni perdona, y miles de personas tomaron las calles al conocer la noticia, sumando hasta 6000 personas en una marcha multitudinaria en la ciudad de Lima, que culminó con al menos un detenido por la policía, según reporto el diario República.

Entre gases lacrimógenos, la concentración que pretendía movilizarse hacia el Palacio de Gobierno e incluso hacia la clínica donde permanece hospitalizado Fujimori fue interceptada por las autoridades.

La hermana de una de las víctimas de Barrios Altos, Gisela Ortiz, declaró al medio desde la manifestación que la decisión de Kuczynksi no implicaba una reconciliación nacional: “Una reconciliación se basa en la justicia, no en la impunidad, y esa justicia es la que Kuczynski nos ha robado ayer”, agregó.

Para Ortiz y para muchos otros antifujimoristas, la decisión del indulto estaría basada en alegatos sin fundamento, y es por ello que un colectivo de víctimas han elaborado un caso para solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos anular el perdón.

Mientras tanto, y en la comodidad de su recuperada libertad, Alberto Fujimori pidió “perdón” desde la cama de la clínica donde se encuentra internado.

“Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón”, dijo el ex mandatario, de 79 años a través de un vídeo divulgado en su cuenta de Facebook.