El día de hoy el Presidente Trump ha ordenado la revisión de los monumentos nacionales creados durante los últimos 20 años, con la firme intención de rescindir o reducir algunos de ellos, sobretodo las zonas que permitirían la perforación, la minería y otros desarrollos, según informa Reuters.

La orden instruye al Secretario de Interior Ryan Zinke a revisar las tierras catalogadas como monumentos, para su evaluación en términos de desarrollo económico, como prometió durante su campaña política.

Parte de la estructura heredada de la Administración Obama, incluía el Acta de Antigüedades, que calificaba tierras federales como monumentos nacionales. El acta incluye estatutos de protección, como la prohibición de la tala, la minería y la perforación.

Zinke aseguró que su misión constará de la revisión de más de 30 monumentos nacionales, para posteriormente recomendar la remodelación o la intervención de algunos de ellos. Asimismo, aseguró que se apoyará en la asesoría del Congreso, de los gobiernos locales y de las personas involucradas a nivel local.

“El Presidente considera, como yo, que muchos de los vecinos en los estados oeste del gobierno federal, pueden ser buenos vecinos. Podemos proteger áreas cultural y económicamente importantes, y ellos pueden utilizar las tierras federales para el desarrollo económico cuando sea apropiado”, dijo Zinke en una rueda de prensa el día martes.

Los monumentos que serán revisados podrían incluir desde la Gran Escalera en Utah, el Castillo de Montañas en California, el Gold Butte en Nevada y el borde norte del Gran Cañón, según reporta The Independent.

Esto podría desmantelar varias medidas proteccionistas desde el gobierno del Presidente Bill Clinton en 1996 y ordenes ejecutivas implementadas durante el gobierno de Barack Obama como la que protegía los monumentos de Bears Ears, que pretendía proteger “el legado cultural de los Navajo”.

Zinke argumentó que si bien las zonas podían atraer el turismo, las tierras federales podrían tener “múltiples usos”.

Grupos conservacionistas y representantes de tribus Nativas han criticaron la orden y aseguraron que la pelearían en los tribunales.