A la tercera va la vencida.

Después de tres días con la Administración cerrada y miles de empleados públicos sin trabajar ni cobrar, los senadores demócratas aceptaron la promesa de los republicanos de buscar una solución inmediata para los “Dreamers”, los miles de indocumentados que entraron en EE.UU siendo menores y hasta el pasado mes de septiembre contaban con el amparo legal de un programa implementado por la administración Obama en 2012 (el llamado DACA).

El presidente Donald Trump, pues, se ha salido con la suya a la hora de utilizar la política migratoria como moneda de cambio para lograr el apoyo de los legisladores al plan de financiación propuesto por los republicanos, y así acabar con el cierre de la Administración.

El plan fue aprobado en el Senado por 81 votos a favor y 18 en contra, aunque se trate de un acuerdo de mínimos, que más adelante deberá ser aprobado en el Congreso.

En línea con su política de mano dura contra la inmigración, el presidente Trump ordenó el pasado septiembre la suspensión del programa DACA, que daba permiso legal para vivir y trabajar en EE.UU a más de 700,000 indocumentados que entraron en el país con menos de 16 años. El permiso DACA es temporal y puede renovarse cada dos años, con la condición de no haber cometido ningún crimen. No obstante, la eliminación del DACA por parte de Trump deja en un limbo el futuro de estos jóvenes, en su mayoría de origen mexicano, que prácticamente llegaron a EE.UU en pañales y apenas conocen su país de origen.

Hace un par de semanas, un juez federal de San Francisco ordenó a Trump suspender la eliminación del DACA de forma parcial, al menos hasta que se resuelvan las demandas judiciales interpuestas contra su orden de eliminar el programa. Por su parte, el presidente Trump había dado plazo al Congreso – dominado por los republicanos- hasta marzo para que encontraran una solución para los Dreamers.

La situación de estos jóvenes también ha sido la moneda de cambio usada por el presidente para presionar a los demócratas para que aprobasen su plan legislativo para 2018. Trump quiere, por ejemplo, que el Congreso apruebe su plan de 18,000 millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera con México. Una forma de conseguirlo ha sido “chantajear” con la amenaza de deportar a los Dreamers, como interpretan los analistas políticos. 

“Tenemos 17 días para evitar que los Dreamer puedan ser deportados”, señaló Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado. A partir de hoy, un grupo de senadores de ambos partidos trabajarán en un plan presentado por los republicanos  que abarque “a los Dreamers, la seguridad en la frontera y asuntos relacionados”, dijo Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado.

“Al margen de la fiabilidad de la palabra de McConnell, con antecedentes de incumplimiento, todos sus esfuerzos pueden caer en saco roto. Cualquier acuerdo en inmigración en el Senado ha de contar con el beneplácito del Congreso”, observa La Vanguardia.

Al final, la última palabra la tendrá Trump, que hasta hoy ha mostrado una  gran volatilidad en cuanto a los DACA. Durante los primeros meses de su mandato mostró cierta compasión por estos jóvenes, que se han criado en EE.UU. Por otro lado, sus promesas electorales de línea dura contra la inmigración ilegal le “fuerzan” a tomar medidas más radicales para satisfacer a sus votantes y a los miembros del ala más conservadora de su partido.

Para el diario español El País, el pacto logrado ayer en el Senado es un “acuerdo de mínimos”, un “pacto agónico” que supone un alivio en una nación cada día más facturada. El acuerdo solo determina tres semanas de financiación y está basado en el punto más delicado de la Casa Blanca: la inmigración.