El lunes 4 de octubre, el gobierno de Biden revocó oficialmente una norma de la era Trump que prohibía que las clínicas de atención de la salud reproductiva que proporcionan referencias y servicios de aborto recibieran fondos federales.

La nueva norma, que entrará en vigor el 8 de noviembre, prepara el terreno para que los principales proveedores, como Planned Parenthood, vuelvan a participar en el Título X, el programa federal de planificación familiar de 50 años de antigüedad que cubre las lagunas en el acceso y la asequibilidad de la atención sanitaria, especialmente para quienes viven en regiones rurales o desatendidas.

En un comunicado, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, dijo que la nueva norma es un paso adelante para la atención de la planificación familiar, ya que restablece el programa Título X del país.

"Hoy más que nunca, estamos dejando claro que el acceso a una atención de planificación familiar de calidad incluye información y derivaciones precisas, basadas en las necesidades y la orientación del paciente", dijo Becerra.

Becerra también destacó la atención médica crucial que estas clínicas proporcionan a más de "190 millones de personas de bajos ingresos o sin seguro, como las pruebas de detección de cáncer de mama y cuello uterino, y las pruebas de infecciones de transmisión sexual." 

En un discurso de mayo de 2018, el ex presidente Donald Trump promovió el próximo cambio de reglas de su administración como un "anuncio histórico" que cumplía una promesa de campaña. 

"Durante décadas, los contribuyentes estadounidenses se han visto injustamente obligados a subvencionar la industria del aborto a través de la financiación federal del Título X", dijo entonces.

La restricción entró en vigor en 2019.

Los líderes de los servicios de salud reproductiva se enfrentaron a una difícil elección entre seguir ofreciendo referencias y servicios de aborto -y perder millones de dólares en fondos federales anuales- o cumplir con la restricción. 

En 2019, Planned Parenthood declaró que se retiraba del Título X en lugar de cumplirlo, calificando la nueva restricción de "ley mordaza poco ética." 

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, junto con otras asociaciones de salud pública, también se opuso a la restricción. 

Alexis McGill Johnson, presidenta y consejera delegada de Planned Parenthood, declaró el lunes a The Washington Post lo perjudicial de la restricción. 

"Puedo decir, por las conversaciones mantenidas a lo largo de los años, lo devastadora que fue la pérdida del Título X para muchas afiliadas y el fuerte deseo que existe de volver a estar en el programa", dijo Johnson. 

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), desde que se puso en marcha la norma de 2019, seis estados ya no tienen ningún servicio financiado con dólares federales para la planificación familiar, y otros siete estados tienen la atención financiada sobre una "base muy limitada." 

El número de pacientes que el programa familiar federal atendió disminuyó en aproximadamente 2,4 millones entre 2018 y 2020, y el HHS estima que casi dos tercios de la caída se debieron a la regla de la era Trump. 

Las adjudicaciones de fondos para nuevos beneficiarios están programadas para comenzar el 1 de abril, pero los beneficiarios actuales pueden optar por agregar nuevas clínicas para enviar dinero a partir del 8 de noviembre. 

Para 2023, el HHS estima que el programa del Título X podrá atender a los aproximadamente 4 millones de pacientes que habitualmente ha atendido. 

El lunes 4 de octubre, Planned Parenthood Action Fund tuiteó para celebrar el anuncio. 

"Enormes noticias para los proveedores + millones de pacientes que se han quedado sin servicios de salud sexual/reproductiva bajo la administración de Trump - como el tratamiento de ETS, las pruebas de detección de cáncer, la atención previa al embarazo y el asesoramiento", escribió la organización.