El gobierno de Donald Trump está decidido a cerrar todas las fronteras – bien sean físicas o burocráticas.

La última muestra de ello fue la estrategia desvelada el pasado lunes por parte del gobierno quien pretende someter a los inmigrantes que ingresan al país por las vías regulares a un examen de recursos que pueda determinar su capacidad para mantenerse durante su estancia en el país.

Bien sean estudiantes o patrocinados por programas de intercambio, cualquier inmigrante que desee solicitar la residencia definitiva será examinado bajo los nuevos estatutos gubernamentales.

“A los inmigrantes pobres se les negará el estatus legal permanente si se considera que son propensos a utilizar programas de beneficios del gobierno como cupones de alimentos y viviendas subsidiadas”, explica el NYT. “Los inmigrantes más ricos, que son calificados como menos propensos a requerir asistencia pública, podrán obtener una tarjeta verde”.

Si bien la medida no afectará a personas con la residencia ya aprobada, a quienes sirvan en el ejército o a refugiados, esta estrategia es una nueva manera del gobierno de hacer llegar su mensaje aún más lejos: no cualquiera puede venir a Estados Unidos mientras Trump sea presidente.

Para Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, las consecuencias podrían ser aún más preocupantes.

“Tendrá un grave impacto humanitario, obligando a algunas familias a renunciar a la atención médica y la nutrición fundamentales para salvar vidas. El daño se sentirá en las próximas décadas”, explicó al NYT.

La medida fue anunciada por Kennet T. Cuccinelli II, el director interino de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), quien hablando a los medios en la Casa Blanca aseguró que la nueva medida “permitirá al gobierno insistir en que los inmigrantes que vienen al país son autosuficientes y que no serán una carga para la sociedad”.

“El beneficio para los contribuyentes es a largo plazo, al intentar garantizar que nuestro sistema de inmigración atraiga a las personas para que se unan a nosotros como ciudadanos estadounidenses, como residentes permanentes legales primero, que pueden sostenerse por sí mismos y no dependerán del sistema de bienestar, especialmente en un momento en el que el bienestar moderno es tan expansivo y costoso”, dijo.

Según continuó Cuccinelli, la agencia destinará 400.000 dólares al año en análisis, evaluaciones y estimaciones del perfil de cada uno de los solicitantes, favoreciendo a los más pudientes.

La propuesta había sido barajeada por el gobierno desde hace al menos un año, cuando el Instituto de Política de Inmigración (MPI) evaluó que un 69 por ciento de los solicitantes típicos tenía “al menos un factor negativo” según la prueba piloto del gobierno, mientras sólo un 39 por ciento contaba con algún factor positivo, en especial contar con “ingresos iguales o superiores al 250% del nivel federal de pobreza”.

El estudio llevado a cabo por el MPI determinó que “habría un efecto desproporcionado en las mujeres, niños y ancianos” así como también podría “desviar la inmigración legal de América Latina hacia Europa en particular”.