La Electronic Frontier Foundation (EFF) y la American Civil Liberties Union (ACLU) han introducido una demanda en nombre de 11 pasajeros cuyos artefactos electrónicos fueron revisados en la frontera, violando su privacidad.

Según declaró la EFF, los chequeos fueron realizados sin una orden judicial previa, lo que constituiría una violación directa a la constitución. Según la organización, esta demanda “denuncia la creciente práctica por parte del gobierno que consiste en revisar los aparatos electrónicos de los viajeros sin una orden judicial”, asegurando que busca “establecer que el gobierno deba tener una orden basada en causa probable para sospechar una violación de las leyes de inmigración y aduanas antes de llevar a cabo tales registros”.

Los demandantes representados por la EFF y la ACLU son diez ciudadanos americanos y un residente permanente legal, entre quienes se encuentran un veterano de la armada, periodistas, estudiantes un artista, un ingeniero de la NASA y un empresario. Según continúa el informe, varios de ellos son musulmanes o personas de color, y todos estaban “reingresando al país por negocios o por viajes personales cuando los agentes de la frontera revisaron sus aparatos”. Si bien ninguno fue acusado por infracción alguna, los agentes “confiscaron y retuvieron los equipos de varios querellantes por semanas o meses – el Departamento de Seguridad Nacional ha retenido uno de los artefactos electrónicos desde el mes de enero”.

Según la abogada de planta de la EFF, los dispositivos electrónicos son hoy por hoy los centros de almacenaje de información y datos personales más sensibles que hay, donde las personas guardan “sus vidas enteras, incluyendo asuntos extremadamente sensibles y personales”, razón por la cual siempre les llevan consigo al viajar. “Es momento de que las cortes le exijan al gobierno parar de utilizar la frontera como un espacio donde pueden poner fin a la Constitución”, aseguró.

La Patrulla Fronteriza de Aduanas reportó en abril que las búsquedas y registros han aumentado de 8.500 en el año fiscal 2015 a 19.000 en el 2016. Desde entonces, la agencia ha llevado a cabo cerca de 15.000 registros tan sólo en la primera mitad del año fiscal 2017, según reportó Reuters.

La demanda fue introducida en la Corte Distrital de Massachusetts y está firmada por viajeros como Sidd Bikkannavar, un ingeniero del Laboratorio de Jets de Propulsión de la NASA en California, quien fue detenido en el aeropuerto de Houston cuando regresaba a casa de unas vacaciones en Chile. Según declaró el viajero, un agente de la Customs and Border Protection (CPB) le exigió que diera la contraseña de su teléfono. El agente regresó el dispositivo media hora después asegurando que había sido inspeccionado utilizando “algoritmos”.

Negarse al procedimiento puede acarrear el ser restringido físicamente, como fue el caso de Akram Shibly, un cineasta independiente residenciado en Nueva York, quien al cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá después de una reunión social en Toronto durante el mes de enero, un agente de la CPB le ordenó entregar su teléfono móvil. Tres días antes, otro agente le había solicitado lo mismo durante un viaje de trabajo y Shibly decidió negarse. Los agentes recurrieron a la inmovilización violenta para retirarle el artefacto que le fue regresado una hora después.

El demandante se unió a la querella contra la administración “para que otras personas no deban sufrir lo mismo. Los agentes no deberían estar autorizados a coercer a las personas para que les den acceso a sus teléfonos, ni por la fuerza ni de ninguna otra manera”, dijo Shibly.

Según la abogada Esha Bhandari de la ACLU, la Cuarta Enmienda exige al gobierno tener una orden de registro antes de poder revisar el contenido de los teléfonos inteligentes y ordenadores portátiles en la frontera, y el no cumplir con ello es una violación abierta a la Constitución.

La demanda puede ser leída aquí.