Hoy en día, cuando alguna familia es detenida al entrar al país sin la documentación requerida, el grupo se mantiene unido en algún centro de detención o libres en espera de una cita judicial. Pero según una nueva modificación que está siendo evaluada por el gobierno, los funcionarios de Inmigración y Aduanas deberán separar a adultos de menores de edad, y trasladarlos a centros de detención diferentes.

Según informaron funcionarios en condición de anonimato al Washington Post, estas medidas estaría aún en discusión e incluirán el uso de información recopilada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para localizar a los padres objeto de deportación una vez que intenten recobrar la custodia de sus hijos de los refugios del gobierno.

Si bien la Administración Trump obtuvo un logro puntual en revertir la tasa de inmigración indocumentada al país durante los primeros meses del gobierno, los agentes de inmigración han reportado haber detenido a 7.018 familias durante el mes de noviembre en la frontera con México, lo que representa un aumento del 45% desde el mes de octubre, según reportaron las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional.

Según la misma información, el número de niños menores de edad que intentaron cruzar la frontera sin un adulto que les representara aumentó en un 26%.

Asimismo, los refugios para menores de edad dirigidos por el HHS se encuentran actualmente rozando la máxima capacidad, según informó un funcionario del organismo, debido a un aumento importante registrado en el último mes.

Si bien estas nuevas propuestas habían sido barajeadas por el entonces secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly, durante el mes de marzo, están siendo ahora consideradas seriamente bajo la nueva dirección de Kirstjen Nielsen.

Para los funcionarios de inmigración estas nuevas medidas son “duras pero necesarias”, para desalentar a las familias centroamericanas que pretenden cruzar la frontera.

“Las personas no van a dejar de venir a menos que existan consecuencias serias a la entrada ilegal”, dijo uno de los funcionaros del DHS.

Gran parte de las familias que intentan ingresar al país provienen del llamado “Triángulo Norte” de América Central (que incluye a El Salvador, Guatemala y Honduras) y son ciudadanos que aseguran que sus vidas corren peligro si regresan a sus países de origen. Ello conlleva a grandes números de casos de solicitud de asilo, que tardan años en ser resueltos por las cortes (actualmente existen hasta 600.000 casos pendientes en corte, según continúa el Post).

Considerando que los solicitantes de asilo logran obtener un permiso laboral mientras su caso es evaluado y frecuentemente deciden pasar por alto las órdenes judiciales cuando su caso es desestimado, la Administración Trump ha decidido tomar cartas en el asunto para frenar el flujo de inmigración indocumentada que, según los funcionarios, “abusa de la compasión estadounidense sin ningún tipo de vergüenza”.