La Ley para el Pueblo de 2021 (H.R. 1) fue aprobada por la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, el 2 de marzo, pero se enfrenta a una batalla más difícil con la próxima votación en el Senado. La versión del proyecto de ley en el Senado, denominada S.1, se presentó el 17 de marzo. 

La esencia del proyecto de ley es facilitar el voto. 

Permite al Congreso proteger el derecho al voto, regulando las elecciones federales a través de 10 títulos. La legislación pondría fin al gerrymandering del Congreso, revisaría las leyes de financiación de las campañas federales, aumentaría las salvaguardias contra la injerencia extranjera, reforzaría las normas de ética del gobierno y mucho más. 

La ley H.R 1 también permitiría el registro de votantes en línea en las elecciones federales de todo el país. Los votantes se registran habitualmente con formularios en papel. Después de que los funcionarios estatales transfieran manualmente la información de cada votante del papel al sistema de registro, el tiempo y la precisión están sujetos a pérdidas. 

Los copatrocinadores del proyecto de ley quieren que la mayoría de estas reformas se apliquen para las elecciones generales de noviembre de 2022, con algunas restricciones. 

Todos los demócratas en el Senado, con la excepción de Joe Manchin (D-WV) apoya el proyecto de ley de derechos de voto. Ni un solo republicano apoya la medida de casi 800 páginas, lo que significa que es poco probable que los demócratas consigan el apoyo de alguno sin costosas maniobras de compromiso. 

Sin embargo, los senadores han defendido el proyecto de ley el miércoles, cuando se reunieron para una audiencia inicial sobre el amplio proyecto de ley electoral que ampliaría los derechos de voto y limitaría los esfuerzos más recientes de algunos legisladores estatales republicanos para restringir el acceso a las urnas.

"En la mayoría de los estados, los nuevos votantes pueden obtener un rifle más rápido de lo que pueden emitir su primera papeleta. Me parece que tenemos nuestras prioridades totalmente al revés cuando se trata de esto. Cuando hacemos que sea más fácil comprar un arma que emitir una papeleta", dijo. El senador Alex Padilla en el pleno del Senado. 

Es probable que haya muchas más idas y venidas partidistas por delante, sobre todo porque cada vez está más claro que la ley H.R. 1 se enfrentará a un destino similar al de la Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021, respaldada por Biden. 

Es probable que el proyecto de ley no se apruebe en el Senado, pero ha sentado las bases para reformas específicas que podrían llevarse a cabo, al igual que los demócratas han hecho recientemente con la Ley del Sueño y la Promesa Americana, y la Ley de Modernización de la Mano de Obra Agrícola, ambas aprobadas por la Cámara este mes. 

La principal reforma del voto entre el punto de mira de la For The People Act es acabar con el filibusterismo. 

Hasta el momento, la división partidista casi uniforme ha acelerado el debate sobre el filibusterismo en el Senado, y el líder de la minoría, Mitch McConnell, ya ha expresado tanto su oposición a los aspectos de financiación de la campaña del proyecto de ley, como su apoyo a que se mantenga el filibusterismo. 

Por eso hay que buscar vías específicas, argumenta el profesor de la Universidad de California en Irvine, Richard Hansen, antes de que las conversaciones sobre la reforma del sistema electoral disminuyan, especialmente ahora, tras las afirmaciones infundadas del ex presidente Trump sobre la integridad de los votantes en las elecciones de 2020. 

"Pronto los demócratas podrían perder el control de una o ambas cámaras del Congreso, lo que significaría que la H.R. 1 u otra reforma del voto ya no tiene posibilidades de ser aprobada", escribió Hansen para The Washington Post. 

Según el Centro Brennan para la Justicia, una organización independiente y no partidista que analiza las normas electorales, los legisladores estatales han presentado 253 proyectos de ley con disposiciones que restringen el acceso al voto en 43 estados hasta el mes pasado.

Los legisladores estatales republicanos de Texas y Georgia están impulsando un aluvión de nuevos proyectos de ley para restringir el acceso a los votantes basándose en un fraude electoral no demostrado. En 2020, Texas registró un récord de participación electoral, destacado por una votación anticipada nunca antes vista por parte de las comunidades de color, a pesar de los esfuerzos realizados incluso entonces para restringir el acceso a las urnas. 

Recientemente, los republicanos de Georgia han promulgado una ley electoral que restringe aún más el acceso a las urnas, haciendo que sea ilegal ofrecer agua a alguien en la cola de votación, entre otras medidas. 

El proyecto de ley establece una nueva supervisión de las juntas electorales de los condados, restringe quién puede votar con papeletas provisionales y exige que las elecciones de segunda vuelta se celebren cuatro semanas después de la votación original, en lugar de las nueve semanas actuales.

Los demócratas y los grupos de defensa del derecho al voto afirman que estos esfuerzos van dirigidos a los votantes de color, en particular a la población negra de Georgia, que fue crucial para que el estado diera la vuelta a Biden en noviembre. Meses después, los senadores Raphael Warnock y Jon Ossoff dieron la vuelta al Senado en la segunda vuelta de las elecciones de enero. 

Con la Ley para el Pueblo paralizada, y los proyectos de ley de supresión de votantes haciendo una ola en todo el país, las medidas específicas que abordan directamente la supresión de votantes, con una mayor posibilidad de apoyo bipartidista están ahora sobre la mesa.