Entre las decenas de espinas que se le quedaron clavadas al expresidente Barack Obama -y de las que se le volverán a clavar- una de ellas es el TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Muchos han sido sus adversarios y detractores, hasta el punto de que el CETA, el mismo acuerdo pero entre Canadá y la UE, ha sido aprobado con muchas menos lanzas en contra, ¿por qué? ¿qué tiene Canadá que no tenga EEUU?

Depende de a quien se le pregunte. Aunque estos tratados son muy criticados, sobre el papel se podría decir que “sólo” buscan crear preferencias arancelarias entre los países que los firman y por tanto, la reducción de las barreras comerciales en unos sectores concretos. La idea es que aumenten así las transacciones, eliminando burocracias y cargas económicas. Pero al igual que el presidente Donald Trump se pregunta -a hora intempestivas- si es mejor un dólar fuerte o débil, muchos interesados se preguntan también si aumentar las exportaciones e importaciones acabará beneficiando al país o creará situaciones en las que los productos europeos arrasen mercados americanos. 

La principal diferencia entre el acuerdo de Europa con Canadá o con Estados Unidos es que las negociaciones del segundo se han llevado a cabo en un profundo secretismo. Corporate Europe Observatory, el lobby por la transparencia en la UE, denuncia la participación de grandes lobbies económicos de los sectores financiero y farmacéutico a los que señala como principales beneficiarios si el acuerdo sale adelante. Aunque el TTIP empezó a negociarse oficialmente en julio de 2013, las directrices y documentos no se hicieron públicos hasta octubre de 2014. 

Ni la ciudadanía estadounidense ni europea podrían votar ese acuerdo, una vez se apruebe a nivel institucional, como ya sucede con el CETA. Algo que los opositores estiman muy importante ya que las dos regiones representan el 60% del PIB mundial. Desde el punto de vista europeo, el acuerdo firmado con Canadá supone la antesala de lo que será el TTIP, ya que juntas, las dos regiones suponen sólo el 22% del PIB mundial, según el World Factbook de la CIA. Mientras Estados Unidos es la segunda economía mundial, Canadá se encuentra en el decimocuarto puesto. 

Además, hay que contemplar la puesta en marcha del Sistema de Tribunales de Inversiones (ISDS), que permiten a los inversores demandar a los Estados en unos juzgados privados si un cambio de la ley afecta a sus intereses. Es decir, si un Estado decidiera aumentar los impuestos sobre el tabaco, una tabacalera europea que comercializara en él, como British American Tobacco o Gallaher, podría demandarlo. “En nombre del libre comercio se están poniendo en riesgo estándares de calidad y seguridad relevantes para la producción agrícola, la alimentación y la salud de los ecosistemas”, denuncia Greenpeace. 

Canadá, que ya está sometida a los ISDS a través del NAFTA, ya ha visto muchas de sus avanzadas legislaciones paralizadas por las demandas de multinacionales, según Public Citizen, grupo de defensa de los derechos de los consumidores con sede en Washington. El Estado ha pactado o perdido en casi todos los sectores de interés público: por limitar el uso en la gasolina de aditivos tóxicos, por recuperar la gestión de bienes comunes tras el cierre de una fábrica o por obstaculizar la exportación de residuos peligrosos. 

La superioridad en poder que tendrían las multinacionales respecto a los ciudadanos se observa también en los datos más objetivos: de las 130 reuniones preparatorias, 119 fueron con representantes corporativos, como señala la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López. La mayoría de ellos, representantes del sector financiero y de la industria automovilística, como Morgan Stanley o Ford. 

En el Parlamento Europeo no son pocos los delegados que han declarado que las condiciones en las que han accedido a los documentos de las negociaciones han sido alarmantes. “La experiencia ha sido muy negativa”, califica Ernest Urtasun, que informa de que le quitaron bolígrafos, papel y móvil para entrar en la sala en la que podía consultar sólo los documentos que previamente había solicitado. También tuvo que firmar un documento de confidencialidad de 14 páginas y estuvo acompañado todo el tiempo de un funcionario que controlaba lo que consultaba. 

Donald Trump aseguraba en campaña que renegociaría los acuerdos comerciales internacionales para “proteger a los trabajadores americanos”, asegurando que esos grandes tratados son la forma más rápida de recuperar puestos de trabajo. Pero según Robert E. Scott, economista senior y Director de Investigación de Políticas de Comercio del Economic Policy Institute, a quien Trump citaba en sus mítines, lo califica de “ignorante y arrogante”. El economista cree que los acuerdos comerciales “sirven fundamentalmente a los intereses corporativos” y considera que la idea de que “un multimillonario que promete recortar los impuestos y regulaciones de las empresas negocie mejores condiciones para los trabajadores estadounidenses es simplemente absurda”. 

Aunque el TTIP parezca paralizado mientras Trump esté en la Casa Blanca, el CETA también influirá en Estados Unidos. Más de 40.000 multinacionales tienen filiales en Canadá y podrán demandar a gobiernos europeos cuando se pongan en marcha los ISDS. A pesar de ser distintos, los dos acuerdos tienen objetivos similares y la gran diferencia se encuentra en el ámbito geoeconómico, porque la economía canadiense no tiene el mismo peso a nivel internacional que la de Estados Unidos. En el desarrollo de CETA se podrá prever buena parte del contenido del TTIP. No hay que olvidar que desde el 2013 han tenido lugar 14 rondas de negociación, aunque no se haya hecho público lo convenido.

Sólo las ataduras a nivel de regulación que supondría aprobar el acuerdo, que conllevará que la UE opine sobre las leyes americanas y viceversa, podría podrá convertirse en un verdadero freno en el futuro. Los liberales estadounidenses podrían encontrar en los ecologistas europeos a su mejor aliado.