A pesar de las medidas anti-inmigrantes de la Administración Trump, aún existen filtros judiciales que permiten que se haga lo correcto.

Uno de los casos de justicia para con los inmigrantes ha sido la de Pablo Villavicencio, un inmigrante de origen ecuatoriano de 32 años que fue detenido hace dos meses en una base militar en el sur de Brooklyn donde frecuentemente repartía pizzas.

En un día como cualquier otro, Villavicencio llegó a las instalaciones y se identificó con su tarjeta de identidad de la ciudad de Nueva York. Pero esta vez no se le permitió el acceso y el personal de la base accedió a sus antecedentes, encontrando que el joven se encontraba en territorio estadounidense desde el 2010 sin la documentación reglamentaria y que tenía una orden de deportación en su contra.

A pesar de estar casado con una ciudadana estadounidense, no tener récord criminal y tener dos hijas nacidas en el país, Villavicencio fue detenido y entregado a los agentes de inmigración y aduanas para dar inicio a su proceso de deportación definitivo.

Según dijo su esposa a Telemundo-47 durante el mes de junio, Pablo vino a Estados Unidos buscando asilo “después de haber recibido amenazas en Ecuador por ser un activista a favor de la comunidad LGBT”. El ecuatoriano ya había introducido el papeleo necesario para recibir su residencia y entregó los documentos en los que se demostraba que había estado pagando impuestos.

Asimismo, el concejal de la ciudad de Nueva York, Justin Brannan, informó en una rueda de prensa que Villavicencio “tan sólo esperaba la respuesta de su solicitud para una permanencia definitiva”.

Finalmente, el pasado día jueves el juez federal Paul Crotty le otorgó el permiso de permanencia “por los momentos”, de acuerdo a los documentos publicados por Courthouse News.

“¿Existe acaso algún concepto de justicia o sólo estamos haciendo lo que queremos aquí?”, preguntó el juez durante los argumentos sobre el caso de Villavicencio.

Horas después, y a través de un vídeo publicado por el reportero del New York Post, Joe Marino, la comunidad pudo observar al joven en libertad y reunido con su familia.

Por los momentos, Villavicencio podrá permanecer en el país mientras continúa su proceso para obtener un estatus legal.