Si en América Latina ha habido dirigentes políticos criticados e ineficientes en su manejo de la pandemia del COVID–19, ninguno lo ha sido más que Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua.

El 12 de marzo fue la última vez que Ortega se dirigió a sus ciudadanos, un día después de la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente la enfermedad de COVID–19 como una pandemia.

La ausencia de Ortega del panorama nacional fue tan llamativa y extraordinaria en medio de una pandemia que tiene a todo el planeta en guardia, que durante semanas circularon rumores de su posible muerte.

Según los reportes oficiales, Nicaragua tiene 9 casos confirmados de COVID–19 y ha habido un fallecimiento. Pero ningún otro país en el continente tiene tan pocos casos reportados, ni siquiera El Salvador y Venezuela (con 164 y 197 casos respectivamente), con sus sistemas de salud particularmente frágiles y reducida capacidad de análisis.

Si seguimos contrastando Nicaragua con El Salvador y Venezuela veremos, además, que Nicaragua es el país que menos medidas ha tomado frente a la pandemia: sólo una: enviar pequeñas cuadrillas de médicos sin protección a tocar puerta a puerta, repartiendo panfletos con información.

Según Ortega afirmó en su alocución, esa es la razón por la que Nicaragua ha tenido 9 casos de contagio, algo que no lograron ni los países más eficientes en la contención de la pandemia, como Corea del Sur o Nueva Zelanda.

A la fecha, Nicaragua no ha cerrado fronteras ni restringido de ninguna manera la circulación de sus ciudadanos, no ha impuesto toques de queda ni cuarentenas. La razón, explicó Ortega en sus 25 minutos de alocución, es que “si el país deja de trabajar, el país se muere, el pueblo se muere, se extingue".

Tras un año de protestas y brutal represión a la población, Ortega no muestra indicios de tener voluntad política para modificar su modo de operar en favor de su ya vulnerable población.