El Gobierno volvió este martes a autorizar la entrada de refugiados al país, que llevaba 120 días paralizada, pero ordenó reforzar el escrutinio de sus solicitudes y excluyó del proceso a los ciudadanos de 11 naciones no identificadas, cuyas peticiones se verán retrasadas durante al menos tres meses.

El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que autoriza a su Gobierno a reanudar el procesamiento de solicitudes de refugiados, el mismo día en que caducaba el plazo de 120 días impuesto en un veto migratorio que entró en vigor en junio.

"Reanudar de forma general" la entrada de refugiados "es coherente con la seguridad y el bienestar de Estados Unidos", dijo en su decreto Trump, que desde su campaña electoral insistió en que entre los solicitantes de refugio podrían ocultarse terroristas.

La paralización de la entrada de refugiados durante 120 días, un plazo que expiró este martes, tenía como objetivo declarado el dar tiempo al Gobierno para revisar el proceso de trámite de las solicitudes de refugio en Estados Unidos, que de por sí ya es muy estricto y puede durar años.

Como resultado de esa revisión, el Gobierno de Trump ha anunciado que aplicará nuevas medidas de seguridad, que incluyen la recolección de más datos biográficos de los solicitantes de refugio, y un mayor escrutinio de su historial en las redes sociales, para compararlo con las historias que presentan en sus solicitudes.

"Estas medidas mejoradas de escrutinio son esenciales para la seguridad de Estados Unidos", aseguró en un comunicado la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke.

Al margen de ese proceso quedarán los refugiados de 11 países, que Estados Unidos no ha querido identificar y que pueden "presentar potencialmente un mayor riesgo" para el país, según un documento firmado por Duke; el secretario de Estado, Rex Tillerson; y el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats.

La lista de esos países supuestamente amenazantes comenzó a elaborarse tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y se actualizó por última vez en 2015, según el documento.

En ese último año se firmó una ley que restringía la entrada a los ciudadanos de Irán, Irak, Sudán, Siria, Libia, Somalia y Yemen; y que fue citada por el Gobierno de Trump como justificación para su primer veto migratorio, por lo que es posible que esos países formen parte de la lista confidencial de 11 naciones.

Durante los 90 días que durará la revisión "en profundidad" de "cada uno" de esos once países, se "ralentizará" la gestión de las solicitudes de refugio de sus nacionales, porque el Gobierno dará prioridad a las peticiones de los ciudadanos de otros lugares, según el documento firmado por Duke, Tillerson y Coats.

Las solicitudes de los ciudadanos de esos 11 países se considerarán "caso por caso" y podrán aceptarse solo si el Gobierno estima que eso apoyaría "intereses cruciales de política exterior, sin comprometer la seguridad nacional y el bienestar de EEUU".

Por otra parte, resultará afectado un programa que permite la reunificación familiar de algunos refugiados que han podido entrar en Estados Unidos, que se paralizará hasta que "se hayan implementado mejoras" en las medidas de seguridad, según indicó el Departamento de Estado.

Esas mejoras buscarán equiparar el proceso que tienen que afrontar los familiares que desean unirse a sus seres queridos en Estados Unidos al que debieron superar en su momento los refugiados que ya han entrado al país.

Pese a la reanudación de la entrada de refugiados, el decreto de Trump ha generado críticas de algunos activistas, como la organización Internacional por los Refugiados (RI, en inglés).

"El Gobierno ha tenido más de seis meses para revisar esta política bajo la orden emitida en marzo (que entró en vigor en junio), y vuelve en octubre para reimponer algo que en general se puede considerar como otro veto poco razonable que afectará principalmente a los musulmanes", dijo el presidente de RI, Eric Schwartz, en un comunicado.

Trump decidió en septiembre que Estados Unidos acogerá a un máximo de 45.000 refugiados en el año fiscal 2018, el tope más bajo que se ha establecido desde 1980, una reducción que su Gobierno ha justificado en parte por la necesidad de garantizar "la seguridad del pueblo estadounidense"